Presupuesto 2027 contempla 89.820 millones de pesos para incentivos a la Ley de Inversiones Mineras

El proyecto oficial elevó los recursos del SEGEMAR a 19.054 millones de pesos pero no cuantificó el costo impositivo del RIGI.

El Gobierno nacional remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, iniciativa que fija un gasto tributario de 89.820 millones de pesos para la Ley de Inversiones Mineras 24.196, cifra que representa un incremento nominal del 24,8 por ciento frente a los 71.971,2 millones de pesos previstos para 2026. A pesar de no contemplar un capítulo específico para el sector, el texto ubicó a la actividad entre los motores de generación de divisas tras registrar ventas externas por 6.000 millones de dólares en 2025. Para el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el Poder Ejecutivo asignó una partida de 19.054 millones de pesos, lo que implica una suba del 24,3 por ciento nominal respecto del ejercicio anterior, destina 15.358 millones de pesos a remuneraciones y contempla 1.096 millones de pesos para inversión real directa.

Respecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la propuesta contabilizó 22 proyectos aprobados por casi 50.000 millones de dólares en el agregado multisectorial y otros 23 en evaluación, con iniciativas mineras focalizadas en la extracción y procesamiento de oro, plata, cobre, litio, carbonato e hidróxido de litio. El Gobierno reconoció la imposibilidad de estimar el gasto tributario del RIGI para 2027 debido a la fase inicial de ejecución de los desembolsos. El mensaje económico proyectó para el próximo año un crecimiento del PIB del 4 por ciento, un incremento de la inversión del 9,2 por ciento, exportaciones totales de bienes y servicios por 133.984 millones de dólares y un superávit comercial de 15.560 millones de dólares, aunque omitió desagregar la meta específica del sector minero.

El presupuesto incluyó la función conjunta «Energía, Combustibles y Minería» con un monto de 6,966 billones de pesos —equivalente al 3,4 por ciento del gasto de la Administración Nacional—, partida dominada por subsidios energéticos, asistencia a CAMMESA, políticas de hidrocarburos y obras eléctricas. Asimismo, el texto no asignó partidas presupuestarias individualizadas para infraestructura logística, obras hídricas, redes eléctricas o accesos viales a yacimientos, delegando el financiamiento de estas obras en capitales privados o en los gobiernos provinciales.