“Por las retenciones mineras, Catamarca perdió $ 500 millones”

Entrevista con Alfredo Marchioli, ex presidente de la Asociación de Empresas Mineras de la provincia

Ésa es la cifra que dejó de percibir la provincia desde 2007 hasta la fecha, según los cálculos de Alfredo Marchioli, quien critica al Gobierno catamarqueño por no elevar un reclamo compensatorio ante la Nación.

A pocos días de renunciar de manera indeclinable a la presidencia de la Asociación de Empresas Mineras de Catamarca (AEMCA), Alfredo Marchioli considera que el actual panorama sectorial es la “crónica de un retroceso anunciado” tanto a nivel provincial como nacional. “Desde mediados del año pasado, la minería argentina perdió la dinámica que la caracterizó desde principios de la década pasada. Hoy ya no hay proyectos nuevos, y sólo se habla de optimizar las explotaciones mineras actuales”, critica en diálogo con El Inversor Energético & Minero.
A su entender, el origen de la debacle se dio en 2007, con las retenciones a las exportaciones. “Por primera vez se cambiaron las reglas del juego y se generó una fuerte desconfianza. Fue el comienzo del ‘vamos por todo’, una medida diseñada perversamente para captar los dividendos que –a través de YMAD– Minera Alumbrera deja a Catamarca, la única provincia con explotación de cobre. No casualmente la retención fue del 10%, mientras que en las explotaciones de oro sólo aplica el 5%”, compara.
Por ello, añade, la provincia dejó de percibir unos $ 500 millones hasta la fecha, valor cercano a lo recibido por todas las municipalidades desde que se distribuyen las regalías y equivalente a unas 11.000 viviendas, dos diques como El Bolsón o, incluso, el anhelado Potrero Clavillo. “A principios de 2008, el por entonces intendente de Andalgalá, José Perea, defendió las retenciones, ya que el Gobierno nacional se comprometió a devolver los recursos en obras. Cinco años después, se desconoce cualquier obra financiada con esas sumas”, advierte.

Impacto profundo

Para Marchioli, las restricciones a las importaciones de bienes se convirtieron en un impedimento para la continuidad de los proyectos en operación, incrementando costos y tiempos. “Esto fue así por lo brusco de la medida y por la inexistencia de políticas públicas de desarrollo industrial que acompañasen el reemplazo de los bienes e insumos”, señala.
Sobre las restricciones a la liquidación de divisas, de las que luego el Gobierno se retractó, asegura que se tradujeron en la suspensión de las exportaciones y en un daño financiero para la provincia. “Pero la gota que colmó el vaso fue la prohibición de liquidación de remesas o utilidades a las casas matrices. ¿Quién continuaría invirtiendo en un país que no permite la obtención de beneficios?”, se pregunta.
Asimismo, subraya el impacto negativo de una inflación descontrolada y de una política cambiaria con una brecha de casi el 100% entre el dólar oficial y el blue, dos de las razones que expuso la brasileña Vale para retirarse del proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza.

Reclamo nacional

De acuerdo con Marchioli, estas determinaciones perjudicaron la imagen y el atractivo minero de la Argentina, además de promover inseguridad jurídica e inestabilidad fiscal, provocar la suspensión de inversiones por más de u$s 8.000 millones, generar el desvío de inversiones exploratorias a otros mercados, menoscabar las reservas y la vida útil de los yacimientos en explotación, y reducir la demanda de mano de obra directa y los requerimientos a proveedores de bienes y servicios.
“En suma, las políticas mineras nacionales están afectando directamente a la provincia de Catamarca. Y la suspensión de emprendimientos como Potasio Río Colorado y Agua Rica obedece al fracaso de dichas políticas”, sostiene.
A fin de revertir esta situación, juzga esencial revisar lo realizado en los últimos tiempos y buscar un mayor consenso dentro del segmento para recuperar la confianza perdida. “El Gobierno provincial, por su parte, debe reclamar a la Nación la modificación de las políticas mineras y requerir la compensación económica por los perjuicios vinculados con las decisiones tomadas”, concluye. ›|‹