Por el freno a Veladero estiman que San Juan perderá $59,4 millones

La decisión de suspender la actividad en la mina Veladero tras el incidente del 28 de marzo pasado le ocasionará pérdidas a San Juan por, al menos, unos 59,4 millones de pesos, según estimaciones que hacen empresarios del sector y funcionarios oficiales.
El cálculo corresponde sólo a lo que debería percibir el Gobierno local en concepto de regalías, que equivalen al 3% sobre el importe total del mineral comercializado, y está hecho presumiendo que el parate al emprendimiento durará unos 3 meses, hasta junio próximo, según prevé la empresa Barrick.

La minera canadiense había proyectado tener para este año una producción aurífera del orden de las 830.000 onzas, pero en un informe dado a conocer esta semana redujo la cifra a unas 730.000 onzas, con lo cual dejará de producir unas 100.000 onzas de oro.

El freno se debe a la decisión del Gobierno sanjuanino de suspender la actividad en el emprendimiento, sobre el cual pesa también una restricción impuesta por el juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Pablo Oritja. Esas 100.000 onzas, a un valor de 1.260 dólares, equivalen a unos 126 millones de dólares que, traducidos a pesos, según la cotización de ayer, que estaba a 15,73 por cada unidad de la moneda estadounidense, suman unos 1.981,9 millones de pesos. Sobre ese monto se calcula el 3% de las regalías, que se traducen en 3,78 millones de dólares. O su equivalente en pesos, 59,4 millones. La cantidad que dejará de llegar a las arcas provinciales son más que suficientes, por ejemplo, para realizar las obras de consolidación del edificio 9 de Julio, donde quieren llevar oficinas públicas, que están presupuestadas en 53,3 millones de pesos.

Otras cuentas que sacan en el sector empresario consignan que de los casi $ 2.000 millones que dejará de vender Barrick en el trimestre, el 75% queda en San Juan en concepto de impuestos, sueldos y pagos a proveedores, entre otros. Por lo que en ese caso la pérdida en la economía local sería nada menos que de $1.486,4 millones.

El incidente que dio origen a la actual situación se produjo a partir del desacople de una cañería que transportaba material rico, es decir mineral más solución cianurada, aunque fue dentro de los límites del valle de lixiviación y no afectó las fuentes de agua de la zona. A partir del hecho, el Gobierno provincial dispuso suspender la operación en la mina y condicionó el levantamiento de la medida a una serie de exigencias que debe cumplir la minera.

Entre ellas se encuentran la reingeniería del valle de lixiviación, un cambio en las políticas ambientales, un plan de inversiones y someterse a la fiscalización permanente de un comité de expertos. Un adelanto de lo que será el plan fue presentado el viernes en la Casa de San Juan en Buenos Aires durante un encuentro en el que la Barrick, con su nuevo socio chino, Shandong Gold, anunciaron que en esta nueva etapa tienen previsto invertir 500 millones de dólares.

En la reunión se acordó que la propuesta definitiva será entregada esta semana al Ministerio de Minería de la provincia, pero mientras tanto iban a continuar los contactos entre la compañía y los funcionarios sanjuaninos para que el plan avance sin contratiempos y no haga falta hacerle mayores correcciones.

Una de las medidas que dispuso el juez Pablo Oritja para constatar si habitantes de Jáchal e Iglesia tienen metales pesados en sus organismos por la operación de la mina y los incidentes ambientales fue la toma de muestras de sangre a un grupo de unas 340 familias que viven en localidades de ambos departamentos. Son de las iglesianas Angualasto, Malimán, Malimán de Arriba, Chinguillo y Buena Esperanza, sumado a los habitantes del paraje La Isla, La Represa y la zona del Dique Pachimoco, en Jáchal.

En el procedimiento participan profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Ministerio de Salud de San Juan.

El magistrado quiere determinar si hay presencia de metales como manganeso, plomo, mercurio, cadmio, cobre, cromo total, zinc, aluminio, bario y cianuro.