Por un convenio de Julio De Vido, le pagarán $ 106 millones a la Universidad de La Plata para auditar las centrales patagónicas

La construcción de las centrales hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic envuelve números millonarios. No sólo en términos de inversión (el desembolso estimado ronda los US$ 4500 millones, incluido el tendido de una red de alta tensión), sino también en todo lo que rodea al control de esa obra gigantesca.

La construcción de las centrales fue una de las grandes promesas que la gestión de Mauricio Macri decidió continuar. Pero la actual administración no sólo heredó el proyecto, sino también un convenio millonario de asistencia con la Universidad de La Plata, que recibirá exactamente $ 106.123.255 millones por prestar servicios de auditoría para el Estado que permitan controlar la marcha de las represas patagónicas por el lapso de un año. Así consta en registros públicos que, mediante adjudicación directa, la dieron el trabajo a esa casa de estudios.

La relación del kirchnerismo con las universidades es investigada en la Justicia. La administración anterior utilizaba a las casas de altos estudios para contratar trabajos y transferir sumas millonarias de dinero sin la mayoría de los controles que tiene el manejo del Estado. El propio Gobierno denunció esos convenios, por ejemplo, en el caso de la mina de carbón en Río Turbio (Santa Cruz), donde realizó trabajos millonarios la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Río Gallegos.

El contrato con la Universidad de La Plata, de un año a partir de su perfeccionamiento (ocurrió el 12 de diciembre pasado), contempla el pago de cuatro ítems: gastos de personal (la Universidad pondrá a disposición un staff de 85 personas para los primeros 12 meses de la tarea), viáticos y movilidades (contempla los viajes a la obra y reuniones en China para verificar las características técnicas de las turbinas) y gastos de mantenimiento de oficinas, principalmente.

La misma Universidad había sido elegida por el kirchnerismo para auditar la construcción de las polémicas centrales patagónicas. El gobierno de Mauricio Macri mantuvo esa elección.

De cara a los futuros requerimientos de auditoría de las centrales, el Gobierno lanzará este año una licitación pública nacional e internacional para contratar servicios, que también se estiman tendrán un costo millonario, dado que requieren el trabajo de entre 80 y 100 personas por mes, según la estimación que hacen en despachos públicos. La encargada de la contratación será Ebisa, la empresa estatal que comercializa la energía de Yacyretá y Salto Grande, entre otras cosas.

La Universidad recibirá 10% a la firma del convenio. El saldo se le cubrirá en doce cuotas mensuales y consecutivas a certificar de acuerdo al plan de trabajo requerido por la inspección.

La construcción estará a cargo del consorcio integrado por la cordobesa Electroingeniería, una empresa afín al kirchnerismo cuya subsistencia está atada a la continuación de la iniciativa; China Gezhouba Group y la local Hidrocuyo.

El 21 de diciembre pasado, la Corte Suprema suspendió provisoriamente las obras de las represas por una medida cautelar dictada en el marco de una acción de amparo ambiental promovida por dos ONGs. Según el máximo tribunal, las obras podrán reanudarse cuando se cumpla el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública en el Congreso.

El primero de los procesos lo lleva a cabo la provincia de Santa Cruz bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente de la Nación. Durará al menos hasta marzo. Luego, la cartera de Aranguren deberá homologarlo, al igual que el Ministerio de Producción, a cargo de Francisco Cabrera.