Pelea entre el Gobierno, intendentes y estaciones de servicio por un impuesto

Los surtidores de la provincia de Buenos Aires son el escenario de una compleja gresca entre intendentes afines al titular del Frente Renovador, Sergio Massa , y las estaciones de servicio. Interesado en acotar el encarecimiento de las naftas y del gasoil, que acumulan alzas de 20% en el año, el ministro de Economía, Axel Kicillof , comenzó a tallar más fuerte sobre el tema esta semana.

Los jefes comunales de Vicente López, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Pilar, Malvinas Argentinas, San Martín, Junín y Olavarría, entre otros distritos, se lanzaron en los últimos meses a instalar la denominada «tasa vial», que consideran fundamental para el mantenimiento de las calles. La paga el automovilista y en algunos casos suma hasta $ 0,40 por litro de combustible que se carga. Si se toma en cuenta el precio de la súper en localidades de Buenos Aires, en torno de los $ 11,33, hay intendentes que se llevan un 3,5% sobre el valor del litro. Olavarría fue un poco más lejos y estableció un cargo de 4% sobre el precio de venta. Los dueños de las estaciones de YPF, por caso, se llevan un 8% sobre el valor de venta, según publicó La Nación.

Rosario Sica es una dirigente combativa que preside Fecra, la federación que reúne a los dueños de estaciones de servicio. Encabezó peleas contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, armó lock-outs y, pese a eso, tiene diálogo con el Gobierno. Hace meses que Sica inició un peregrinaje por despachos públicos y privados contra la aplicación de la tasa. En los casos en que no lo logró, a través de Fecra demandó a los municipios. Así, consiguió, por ejemplo, una cautelar que frenó la medida en Junín.

A principios de año, Sica puso en alerta a Emmanuel Agis, el secretario de Política Económica y número dos de Kicillof. El propio jefe del Palacio de Hacienda la recibió. Pero esta semana, luego del aumento de 5,4% en los combustibles, Kicillof volvió sobre el tema con más interés. Pensó en iniciar una demanda contra los intendentes para frenar la tasa. Por el mismo tema, el Gobierno llevó en 2012 hasta la Corte Suprema su demanda contra Córdoba.