En 2016, de la mano de la Subsecretaría de Energías Renovables, el Gobierno sorprendió al mercado con los resultados de las dos licitaciones encaradas en la búsqueda de la diversificación de la matriz energética a partir de la generación mediante fuentes limpias, apelando a las tecnologías eólica, solar, de biomasa, biogás, y minihidroeléctricas en las denominadas Ronda 1 y Ronda 1.5 del Programa Renovar.
En la primera de esas adjudicaciones, el 5 de octubre el Gobierno adjudicó 29 proyectos de generación eléctrica a partir de energías renovables por 1142 MW de potencia a precios que mejoraron la ecuación económica de otras fuentes energéticas, y a la cual sumó en una segunda instancia el 25 de noviembre 30 nuevos proyectos, por un total de 1.281,5 Mw, lo que permitió asegurar el objetivo de provisión del 8% de la demanda eléctrica para 2018.
De esta manera, el Gobierno logró en pocos meses comprometer unos 5.400 Mw de generación eléctrica sobre una oferta disponible total para todo el país estimada en unos 25.000 Mw, con una inversión aparejada de unos u$s 6.000 millones para los próximos dos años, lo que sin dudas se convirtió en uno de los grandes éxitos de gestión, aunque aún intangible y difícil de sumar al inventario.
En un contexto internacional de precios del barril de crudo que alcanzaron en el primer semestre del año un piso apenas por encima de los u$s 25, la política petrolera buscó el equilibrio de salir del subsidio del denominado barril criollo -en el que reconoció un precio promedio de u$s 63- para intentar converger a la referencia de los valores globales pero al mismo tiempo intentando morigerar los riesgos en producción y empleo que eso significa.
Para ello, el Gobierno recurrió a la negociación con las provincias productivas que no querían perder sus ingresos por regalías, las empresas petroleras que buscaban el mejor rédito a sus inversiones, y los sindicatos que pretendían al menos resguardar los puestos laborales y las condiciones de trabajo, en una tensión de intereses que también se ve reflejado en el precio de los combustibles que acumuló en el año subas por un total de 31%.
Pero el desafío petrolero con cuencas convencionales maduras y en declive, tiene como contrapartida el gran potencial del desarrollo de los no convencionales del yacimiento neuquino de Vaca Muerta, a cuya cabeza asoma la petrolera YPF que estratégicamente tracciona el conocimiento del recurso pero que requiere de muchos otros socios para desembolsar los u$s 20.000 millones al año que requeriría su explotación masiva.
En materia de energía nuclear, el Gobierno también dió señales concretas al confirmar la construcción de Atucha III, firmar un memorandum de entendimiento con la Administración Nacional de Energía China, Nur Bekri, para el desarrollo de otras dos centrales nucleares en el país con financiamiento de bancos chinos, y concretar la extensión por 30 años más de operación de la Central Nuclear Embalse, en la provincia de Córdoba.
Pero más allá de la política de diversificación de las fuentes energéticas, el Ministerio de Energía comenzó a andar el sendero del ahorro y la eficiencia energética con el diseño de un Plan Nacional y un conjunto de políticas de incentivos con el que traza alcanzar hacia el 2025 un ahorro del 15%, teniendo en cuenta el consumo actual y su proyección de crecimiento demográfico y de actividad económica.
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