Ministros de San Juan defienden el proyecto de Ley de Desarrollo Minero Local en la Cámara de Diputados

La iniciativa del Poder Ejecutivo provincial busca que las empresas mineras cubran el 80% de sus puestos con personal sanjuanino y destinen el 60% de sus compras a proveedores locales.

Los ministros de Minería, Juan Pablo Perea, y de Producción, Gustavo Fernández, se presentaron este martes en la Cámara de Diputados de San Juan para fundamentar y dar detalles sobre el proyecto de Ley de Desarrollo Minero Local. La reunión ampliada convocó de forma conjunta a los integrantes de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, de Hacienda y Presupuesto, y de Minería y Energía, con el propósito de responder las consultas técnicas de los legisladores nacionales y avanzar en el dictamen del texto que fue enviado por el Gobierno provincial hace dos semanas.

El presidente del bloque oficialista, Juan De la Cruz Córdoba, señaló que el oficialismo mantiene la expectativa de obtener el despacho favorable de las comisiones durante la jornada. De alcanzar el consenso necesario, este mismo martes se definirá en labor parlamentaria la inclusión de la iniciativa en el orden del día para la sesión ordinaria programada para el próximo jueves 2 de julio. Córdoba aclaró además que cualquier sugerencia o inquietud que surja durante el debate y que no altere el espíritu de la normativa podrá ser incorporada posteriormente en la etapa de reglamentación, la cual estará a cargo de la cartera de Minería.

El proyecto de ley tiene como objetivo central incrementar el impacto económico de la actividad extractiva dentro del territorio provincial mediante el establecimiento de metas cuantitativas obligatorias y un sistema de incentivos fiscales. La propuesta estipula que las compañías mineras deberán garantizar que al menos el 80% de su personal contratado en cada operación sea residente de San Juan, otorgando prioridad de empleo a los habitantes de los departamentos donde se localicen los yacimientos.

Asimismo, la regulación fija un piso mínimo del 60% para la adquisición de bienes, obras y servicios a proveedores radicados en la provincia, condición sujeta a que estos presenten ofertas competitivas de mercado. Las operadoras mineras estarán obligadas a presentar planes anuales de empleo y de desarrollo de proveedores con metas medibles. Finalmente, el texto prevé la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.) para nuclear la oferta local, otorgando beneficios impositivos a las firmas que cumplan de forma simultánea con los parámetros de contratación de mano de obra y de abastecimiento provincial.