El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Don Luis y Otros, ubicado en San Rafael y Malargüe. La ratificación parlamentaria será decisiva para definir si la iniciativa puede avanzar en su etapa de exploración.
El proyecto minero Don Luis y Otros dio un paso clave en Mendoza con el ingreso a la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite indispensable para que la iniciativa pueda avanzar en la exploración de litio en zonas de San Rafael y Malargüe.
El expediente, enviado por el Gobierno provincial, reúne evaluaciones técnicas, dictámenes sectoriales y participación ciudadana, y ahora deberá ser analizado por ambas cámaras. La definición legislativa será central para el futuro del emprendimiento, en el marco de la normativa vigente para la actividad minera en Mendoza.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que la presentación de la DIA ante la Legislatura fue el resultado de un proceso técnico amplio, con intervención de distintos organismos. Según detalló, participaron la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo, el Departamento General de Irrigación, Vialidad Provincial, municipios, áreas de biodiversidad, patrimonio cultural e INAI.
La funcionaria señaló además que el procedimiento incluyó evaluaciones técnicas, dictámenes de múltiples organismos sectoriales, una visita técnica al yacimiento y dos audiencias públicas, una en San Rafael y otra en Malargüe. También remarcó que el trámite siguió los pasos establecidos por la Ley 7722 y por las normas ambientales vigentes.
El proyecto corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría, principalmente litio, y abarca un área de más de 234 mil hectáreas. En su desarrollo intervienen organismos provinciales, municipales y nacionales.
Si bien la DIA ya cuenta con aprobación técnica de la Autoridad Ambiental Minera, su aplicación efectiva depende de la ratificación legislativa, un paso obligatorio que definirá si el proyecto puede continuar hacia la fase exploratoria.
El documento establece una serie de exigencias para el emprendimiento, entre ellas la actualización de la línea de base ambiental, el monitoreo permanente de agua, aire, suelo, flora y fauna, además de planes de contingencia y seguros ambientales. También incorpora medidas vinculadas con la protección de la biodiversidad, la gestión de residuos y el cuidado del recurso hídrico.
A ese esquema se suma un sistema de control continuo, con informes periódicos, inspecciones sin previo aviso y sanciones en caso de incumplimientos. Además, se exige una actualización ambiental del proyecto cada dos años y la elaboración de una línea de base social indígena para evaluar posibles impactos culturales y sociales.