La Cámara de Diputados de Mendoza abordará la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto cuprífero San Jorge en Uspallata, en un momento de fuerte tensión social y política. La sesión será decisiva para el futuro de la minería en la provincia, con protestas antimineras anticipadas en las puertas de la Legislatura.
La gestión del gobernador Alfredo Cornejo, quien busca dejar un legado en la reactivación minera, enfrenta una fuerte oposición que ha convocado movilizaciones para “defender el agua de Mendoza”, según las redes sociales. La decisión de aprobar o rechazar el proyecto puede marcar un giro en la política minera local, en un contexto de debate sobre los beneficios económicos versus los riesgos ambientales.
Dentro del arco legislativo, las posturas son variadas. La oposición expresa desde rechazo total hasta un apoyo condicionado, incluyendo temas como la exploración en el Distrito Minero de Malargüe, las regalías mineras, y la creación de un fondo ambiental con recursos de esas regalías.
El oficialismo reconoce que las regalías del 3 por ciento son consideradas insuficientes por los municipios con potencial minero, especialmente por los de Malargüe. Además, sectores ambientalistas, representados por el diputado Jorge Difonso, cuestionan la falta de dictámenes municipales y advierten sobre posibles incumplimientos con las leyes ambientales, además de no aclarar qué se hará con los minerales extraídos.
Difonso también expresó dudas sobre las intenciones de avanzar sobre zonas periglaciares, en línea con las preocupaciones del presidente Javier Milei, y criticó que la DIA no declare claramente qué se hará con los recursos provenientes del cobre y oro extraídos. La resolución de esta semana será clave para definir si Mendoza continúa apostando a la minería o detiene su avance en un escenario de movilizaciones y debate social.


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