Más controles para que las industrias acaten la orden de corte en invierno

Las importaciones de gas crecieron un 17% en el primer trimestre

El Enargas revisará semanalmente el despacho de los grandes usuarios y penalizará a las industrias que no respondan a los pedidos de restricción en el consumo.

Durante los primeros días de frío del año volvieron los cortes al abastecimiento de gas de más de 400 industrias en el país. En ese contexto, el Gobierno acentuó el control sobre las empresas que despachan gas para garantizar que industrias y productores cumplan con el esquema de restricciones al consumo que se aplicará –al igual que todos los años desde 2007– durante los días de bajas temperaturas.
En rigor, el Ejecutivo empezó a fiscalizar –desde el 1 de mayo– de forma semanal que las petroleras inyecten el gas comprometido en sus contratos y que las comercializadoras e industrias no consuman más que lo autorizado. Así lo establecieron las notas 2790 y 2791 del Enargas, el ente regulador del gas, a las dos transportistas del mercado: TGN y TGS. Hasta ahora, el control se hacía de manera mensual.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo apunta a monitorear desde cerca que todos los actores del sistema gasífero acaten lo reglado por el ente. De hecho, la semana pasada comenzó a notificar a privados que incurrieron en faltas. A esta altura, es un problema estructural: durante los meses de frío, el gas producido localmente e importado desde Bolivia y en formato líquido (LNG) no alcanza para cubrir los requerimientos de todo el sistema, que crecen de forma significativa apuntalados por el salto en los hogares. Como el gas no alcanza para todos, el Gobierno se ve obligado a racionalizar la demanda.
Hace dos años, Antonio Pronsato, interventor del Enargas, creó dos figuras: el Proveedor de Última Instancia (PUI) y el Gas de Última Instancia (GUI), para penalizar a los grandes usuarios del fluido que consumen más de lo debido desde la red.
El primero se cobra a las industrias que toman gas del sistema sin respaldo de su proveedor, a pesar de tener un contrato vigente de abastecimiento con una petrolera o comercializadora. En ese caso, Enarsa –la empresa estatal de energía– cobra u$s 7,50 por cada millón de BTU direccionado a la industria en falta.
El GUI se factura a los usuarios que directamente desoyeron una restricción de consumo ordenada por el Enargas. En ese caso, las empresas deben pagar más de u$s 13 por millón de BTU por el gas extra consumido de la red.

Penalidades

Aun así, por el momento se trata de penalidades testimoniales, dado que, por lo general, las industrias buscan algún vericueto legal para no solventar la multa o deliberadamente incumplen el pago. “La factura con la penalidad puede tardar hasta tres meses en emitirse. Y en la mayoría de los casos, las empresas no pagan el castigo. En la práctica, con esta medida, el Enargas aspira a alinear las industrias para que en el invierno acaten las restricciones”, explicó a El Inversor Energético & Minero el gerente de Gas de una petrolera. ›|‹

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El regreso de los cortes

Como ya es una costumbre en cada invierno, los primeros días de frío del año volvieron a poner contra las cuerdas al sistema gasífero: obligado por el incremento de la demanda en los hogares –el consumo de todo el sistema fue esta semana un 40% mayor que la anterior, según datos de las distribuidoras–, el Gobierno ordenó restringir el consumo del fluido a más de 400 industrias de todo el país. La decisión no hará más que acentuar el retroceso de la actividad productiva, que en abril cayó un 4%.
La escasez del hidrocarburo durante los meses de bajas temperaturas es un problema estructural de la Argentina. A raíz de la baja de la producción local, que descendió un 13% desde 2005, los productores inyectan entre 85 y 90 millones de metros cúbicos diarios de gas (MMm3/día), de los cuales –en los días de frío– los usuarios residenciales llegan a consumir más de 70 millones.
De ahí el salto exponencial de las importaciones de gas desde Bolivia y del LNG (gas licuado) que llega por barco a las terminales de Escobar y Bahía Blanca, que en el primer trimestre costaron u$s 1.233 millones, un 17% más que en el mismo período del año pasado.
Desde la semana del 18 de mayo, funcionarios que responden a Antonio Pronsato, interventor del Enargas, el ente regulador, empezaron a ordenarles a las mayores industrias consumidoras de gas del país que bajen su despacho del fluido, porque la oferta disponible era insuficiente para cubrir sus requerimientos. En la volteada cayeron Siderar, Siderca, Dow, Mega, Profertil y Solvay Indupa, entre otras grandes empresas.
A su vez, notificaron a las distribuidoras para que corten los contratos interrumpibles de los usuarios industriales. También se restringió la ventana interrumpible de los contratos en firme, en teoría mejor preparados para garantizar el suministro. El Enargas incluso dictó la nota 3029, que instruye a las distribuidoras a cortarles físicamente el gas a sus clientes que no acaten las restricciones.