Marijuán pide al juzgado de Río Gallegos que haga cesar la toma de la mina de carbón en Río Turbio

El fiscal federal Guillermo Marijuán, solicitó hoy al juzgado federal de Río Gallegos que informe sobre lo actuado ante la toma de la mina de carbón de Río Turbio, y que «aún con el debido respeto al derecho a huelga» haga cesar la medida que desde hace una semana llevan adelante afiliados a ATE.
El magistrado hizo tal pedido «en función del peligro inminente» al que aludió en su presentación la intervención de la empresa Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), y solicitó «que arbitre los medios necesarios tendientes a brindar seguridad, lo antes posible y sin dilación alguna, a todas las instalaciones y sectores» y que «garantice el normal funcionamiento del yacimiento», en un escrito al que tuvo acceso Télam.
«Es una posición desmedida la que han tomado, que perjudica directamente a la empresa y a los trabajadores», dijo a esta agencia Omar Zeidán, interventor de YCRT que apeló a la fiscalía federal ante el rechazo a una acción de amparo presentada en el juzgado federal con asiento en la capital de Santa Cruz.
Marijuán se dirige al juzgado federal de Río Gallegos en el marco de la «Investigación Preliminar Nº 1» en trámite ante esa Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, solicita informe si ante ese Tribunal «se efectuó presentación alguna» por parte de YCRT con motivo de la toma del yacimiento, y en su caso, «remita copia de lo actuado en consecuencia».
YCRT solicitó el desalojo de los trabajadores del interior de la mina, lo que fue rechazado con la firma del juez subrogante Aldo Suárez, del juzgado federal de Río Gallegos, por eso el interventor Zeidán acudió a la fiscalía federal y espera dijo, «que se actúe de inmediato, por el riesgo que implica llevar adelante una mina de 68 kilómetros de galerías subterráneas» en la localidad ubicada en el sudoeste de Santa Cruz.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Turbio lleva adelante la medida denunciada por la intervención de YCRT, argumentando la posibilidad de despidos y la defensa de los convenios colectivos de trabajo denunciados por la empresa.
Acusa a YCRT de «desinversión» en la mina, que está inactiva, en espera de la culminación de la obra de la central térmica a la que deberá abastecer, todo lo que es motivo de trece causas judiciales por presunta corrupción durante la administración de Cristina Kirchner.
Para Zeidán, la medida tomada por parte de «unas 40 personas en una empresa que tiene 3000 operarios», obedece dijo, «a cuestiones políticas, que tienen que ver con la investigación a Julio De Vido, al intendente Atanacio Pérez Osuna», por las causas que involucran a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, de YCRT, de la Universidad Tecnológica Nacional y su fundación local, hasta diciembre de 2015.
«Quieren hacer parecer que queremos achicar la empresa, cuando invertimos más de $ 1.000 millones, pagamos los sueldos en tiempo y forma, estamos restableciendo la red troncal de ventilación y haciendo lo que tenemos que hacer», enfatizó el interventor.