“Los conflictos son un reflejo de lo que ha crecido la minería”

Entrevista con Roberto Sarudiansky, directivo de la Universidad de San Martín

Más de la mitad de las controversias mineras en la región se vinculan con posibles problemas de contaminación. Para el especialista Roberto Sarudiansky, la clave para su solución estriba en fomentar el diálogo y la participación.

La expansión de la inversión minera en materia de exploración y explotación registrada en Latinoamérica durante los últimos años ha sido acompañada por un lógico incremento en los conflictos asociados al desarrollo del sector. Así lo entiende Roberto Sarudiansky, coordinador del Centro de Estudios para la Sustentabilidad del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM), en diálogo con este medio.
“Los conflictos son un reflejo de lo que ha crecido la minería en la región, que es líder mundial en la producción de plata, cobre, renio, nitratos, litio, iodo y otros metales y minerales. Las inversiones exploratorias en suelo latinoamericano representan un 25% del presupuesto global. Y en cuanto al desarrollo de proyectos, se prevén desembolsos por u$s 200.000 millones para la próxima década”, destaca el especialista, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA).
A su entender, un 60% de los conflictos mineros se relaciona con actividades de exploración, y un 40%, con tareas de operación en los yacimientos. “Más del 50% de las controversias están motivadas por posibles problemas de contaminación, especialmente del agua. Casi el 15% surge de la competencia con otras actividades económicas y con comunidades por el uso del agua. Y otro tema conflictivo es la falta de consulta a las comunidades y a los pueblos indígenas”, puntualiza.
Según sus palabras, en la Argentina el marco normativo de mediados de los 90 provocó un cambio fundamental en el sector, especialmente dentro del rubro metalífero. “Se incrementó la exploración, se pusieron en marcha grandes proyectos y el país comenzó a ser una plaza atractiva para las inversiones. En suma, el marco normativo cumplió plenamente con sus objetivos. Y el segmento siguió desarrollándose durante la década siguiente y hasta principios de este año, sobre la base de los buenos resultados de la actividad exploratoria y los altos precios de los metales”, afirma.
En ese sentido, sostiene que hubiera sido deseable que las leyes de la industria minera se hubiesen actualizado gradualmente y en forma consensuada, sin afectar la estabilidad jurídica y adaptándose a las nuevas condiciones del país y del mundo. “Uno de los aspectos que debería estar específicamente contemplado es la optimización de la contribución de la actividad al desarrollo sustentable en las regiones donde se localiza”, agrega.

Desafíos y oportunidades

De acuerdo con Sarudiansky, el territorio argentino es sumamente generoso en recursos mineros metalíferos y no metalíferos. “Por lo tanto, existen las condiciones básicas para un mayor desarrollo sectorial”, asevera.
El gran desafío, remarca, es encontrar soluciones para las situaciones conflictivas que satisfagan a todas las partes interesadas. “Es absolutamente necesario que todos nos involucremos en procesos de diálogo que pueden ser difíciles y largos, pero resultan la única alternativa para resolver los inconvenientes”, señala.
Con respecto a la necesaria actualización del marco normativo, subraya que no debe olvidarse generar las condiciones para un sostenido desarrollo de la minería no metálica. “El tema de la distribución de los ingresos que promueve la actividad es el más directamente relacionado con el desarrollo sostenible y resulta fuente de conflictos comunitarios y entre los gobiernos locales, provinciales y la Nación. Vinculada con este asunto está la capacidad de gestión local para el correcto uso de los beneficios”, añade.
Para finalizar, menciona como otro reto significativo el desarrollo de capacidades por parte de los organismos gubernamentales encargados del control y la regulación de las actividades mineras, así como su correcto equipamiento. “Esto es imprescindible para generar confianza, sobre todo en las comunidades directamente vinculadas con el sector”, concluye. ›|‹