Ley de Glaciares: el debate en el Congreso que puede destrabar inversiones en litio y cobre

En febrero, el Parlamento analizará cambios en la Ley de Glaciares que podrían habilitar proyectos mineros por miles de millones de dólares, en un cruce entre desarrollo productivo, reglas de juego e impacto ambiental.
La minería argentina se encamina a un debate decisivo. En febrero de 2026, el Congreso Nacional tratará en sesiones extraordinarias una posible modificación de la Ley de Glaciares, una norma clave que condiciona el avance de grandes proyectos extractivos y que podría redefinir el futuro del litio, el cobre y otras inversiones estratégicas.

La iniciativa ya cuenta con dictamen del Senado y, de prosperar, abriría la puerta a desembolsos por decenas de miles de millones de dólares, en un contexto en el que el Gobierno busca acelerar el ingreso de divisas y reposicionar al país en el mapa global de los minerales críticos. El debate, sin embargo, también reaviva un fuerte contrapunto ambiental, con el eje puesto en la protección del agua como recurso estratégico.

La Ley de Glaciares establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas hídricas fundamentales. Desde el sector minero sostienen que interpretaciones amplias de la norma terminaron bloqueando proyectos incluso en zonas donde no existe una función hídrica comprobada. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros afirma que el objetivo es “clarificar” el alcance del texto, sin avanzar sobre áreas que deban ser estrictamente protegidas.

Del otro lado, organizaciones ambientalistas advierten que cualquier flexibilización implica riesgos para ecosistemas frágiles y para el abastecimiento de agua, y reclaman que no se debilite una legislación considerada pionera en la región.

Uno de los principales beneficiados de una eventual reforma sería el cobre. La Argentina hoy no produce este mineral a escala, pero cuenta con al menos siete proyectos avanzados, principalmente en San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca, que podrían destrabarse. Las inversiones asociadas superarían los US$ 14.000 millones y permitirían al país ubicarse entre el cuarto y quinto exportador mundial, con una producción estimada de 1,2 millones de toneladas anuales. El cobre es considerado estratégico por su rol central en energías renovables, redes eléctricas y electromovilidad.

El litio también ocupa un lugar relevante en la discusión. En pocos años, la Argentina pasó de tener dos proyectos en producción en 2022 a siete en la actualidad. Tras un pico de precios cercano a los US$ 80.000 por tonelada, el valor internacional se desplomó a poco más de US$ 10.000, pero el mineral sigue siendo clave para la transición energética y la industria de baterías. Desde el sector advierten que la industrialización local, como la fabricación de baterías, no alcanza por sí sola para motorizar el desarrollo, dada la escala limitada del mercado interno frente al volumen de producción potencial.

Las expectativas de inversión también están ligadas al impacto en el empleo. Según estimaciones privadas, cada proyecto de cobre demandaría alrededor de 7.000 puestos de trabajo directos durante la etapa de construcción y más de 2.000 en la fase operativa, con una vida útil que puede extenderse hasta medio siglo. No obstante, las empresas insisten en que sin seguridad jurídica y reglas estables no habrá compromisos de largo plazo.

En ese marco, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una herramienta clave para atraer capitales, especialmente en cobre y litio, aunque no logra por sí solo compensar años de desconfianza derivados de cambios impositivos y regulatorios.

El resultado del debate legislativo será determinante. Para la industria minera, una modificación consensuada permitiría avanzar con proyectos estratégicos y ampliar la oferta exportadora. Para los sectores críticos, el desafío es garantizar que el desarrollo no comprometa el agua ni los ecosistemas de montaña. Febrero se perfila así como un punto de inflexión para la minería argentina, en una discusión donde convergen inversión, empleo y preservación de recursos naturales esenciales.