Las regalías son la diferencia entre los representantes de las provincias

El Ejecutivo nacional busca unificar criterios en la industria minera, una de las que más promoción tiene en la Nación. Las regalías son una de las piedras de tope y que marcan diferencias entre los representantes de las provincias.

Antes de fin de año debería estar redactado el pacto federal minero para que todos los gobernadores del Cofemin (Consejo Federal de la Minería) lo traten y se avance con una política minera nacional unificada. Se trata de los lineamientos que el presidente Mauricio Macri encargó a la Secretaría de Minería a cargo de Daniel Meilán para el desarrollo de la actividad en el país.

Mendoza es parte de la discusión y se da en un momento particular, porque al mismo tiempo que se diseña el acuerdo, en la provincia el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, avanza con la política minera que le propondrá al gobernador Alfredo Cornejo.

Como era de esperarse, los puntos más complicados de acordar son los referidos a las regalías. Esto ocurre porque el pacto quiere dejar establecido el destino de los fondos que se recauden por la actividad minera en todas sus categorías en el país. La cuestión es evitar que ese dinero vaya a gastos corrientes y que sea utilizado para obras y el fomento de proyectos productivos.

La postura mendocina que fue puesta sobre la mesa es la utilización de los recursos en proyectos productivos. “La propuesta es que la minería ayude al desarrollo de proyectos productivos que después vayan andando solos, pensar en actividades que generen nueva actividad económica”, dijo Guiñazú.

Utilizar los fondos en gastos corrientes, para el subsecretario mendocino, es “parar la rueda en la primera vuelta”. Además, se apunta a que la Nación -que recauda la renta minera nacional tanto con IVA como con Ganancias- también ponga su grano de arena y se está analizando la creación de fideicomisos.

La piedra de tope es que muchas provincias ya tienen proyectos mineros en operación y destinan sus recursos a gastos corrientes o infraestructura, lo que significaría cambiar algunas normas locales. Sucede lo mismo con aquellas provincias que tienen empresas mineras y organismos de control que difieren de los que se propone en la mesa del Cofemin. Eso hace que el tratamiento tenga posiciones encontradas y quede aún mucha tela por cortar, antes de una definición.

Según Guiñazú, el texto del acuerdo podría estar listo para fin de año, pero allí viene el proceso de análisis en cada provincia, para que avance el pacto federal, lo cual ocurriría recién en 2017. En tanto, el subsecretario destacó el rol de la Secretaría de Minería de la Nación, “la que mejor entiende el tema federal, entiende que las provincias son las dueñas de los recursos”, dijo.