Las mineras de Santa Cruz: acuerdos voluntarios para frenar el impuesto inmobiliario

Una discusión que tiene en vilo desde hace un año a la industria de la provincia

La gobernación de Daniel Peralta estudia dejar sin efecto el impuesto, a cambio de que cada empresa aporte capital de forma voluntaria. Quieren replicar el modelo de San Juan, que supuso el aumento de regalías y la creación de fondos fiduciarios para obras.

La novela protagonizada por Daniel Peralta, mandatario de Santa Cruz, y las empresas mineras de la provincia –que incluye también a actores de reparto como sindicatos y organizaciones sociales– en torno a la creación del Impuesto Inmobiliario Minero sumó a principios de septiembre un nuevo capítulo.
Complicado para poder validar en la Justicia la constitucionalidad de la norma, que grava el 1% de las reservas minables de los productores metalíferos, el gobernador redefiniría la estrategia: en lugar de pugnar por la aplicación del tributo –las mineras ya advirtieron que, de reglamentarse, cuestionarán en la Justicia que viola la estabilidad fiscal garantizada por la Ley de Inversiones Mineras–, accedería a negociar con cada compañía aportes voluntarios de capital.
El reloj de arena de Peralta son los sindicatos de empleados públicos, que esperan desde hace meses las recomposiciones salariales prometidas. El mandatario prometió que saldaría esas deudas una vez que logre sancionar el Impuesto Inmobiliario para el sector minero, algo que ocurrió en junio. Sin embargo, su aplicación continúa trunca.
En la industria denuncian que la norma nació con una herida de muerte, debido a su evidente confrontación con la Ley de Inversiones Mineras, aprobada por el Congreso nacional en 1993, que prohíbe a las provincias modificar el marco tributario minero.
“En el plano político, Peralta se perdió en su propia red. Cargó discursivamente contra las mineras y las responsabilizó por la escasez de fondos públicos para cubrir los aumentos salariales. Enceguecido, forzó un impuesto (por el Inmobiliario) que es muy difícil que sea avalado por la Justicia”, explicó a El Inversor Energético & Minero el gerente general de una productora de plata santacruceña.

Volantazo de ahogado

Para entender la avanzada de Peralta contra el sector minero, no se puede obviar el encendido enfrentamiento del mandatario con la Casa Rosada, plasmado en una pelea sin cuartel contra los legisladores santacruceños alineados con La Cámpora, la organización fundada por Máximo Kirchner.
Peralta acusó a los diputados del Frente para la Victoria de alinearse con los intereses mineros por negarse a apoyar la creación del Impuesto Inmobiliario. Los acorraló políticamente, hasta que –vapuleados frente a la opinión pública– los representantes kirchneristas avalaron la iniciativa tributaria en la Legislatura.
Sin embargo, casi tres meses después de sancionado el impuesto, la gobernación aún no publicó su reglamentación específica. No es un tema menor, porque si bien la norma establece un gravamen del 1% sobre las reservas minables de las empresas, no especifica cómo determinará la base de cálculo del impuesto. El 3 de septiembre publicó un decreto que brinda algunos detalles conceptuales, pero que se queda corto en cuanto a su contenido técnico.
Las empresas lo definieron como una “reglamentación insulsa”, que no termina de aportar claridad a la cuestión. Ni siquiera las habilita a ir a la Justicia para impugnar su aplicación. “No detalla sobre qué base imponible se aplicará el impuesto”, indicaron allegados a Camicruz, la cámara que reúne a las empresas mineras de la provincia.
Frente a ese escenario, Peralta decidiría dar un manotazo de ahogado. Aceptaría dejar de lado el Impuesto Inmobiliario, a cambio de sellar acuerdos voluntarios con cada minera. La discusión es quién paga el costo político de esa decisión. Peralta quiere que las compañías presenten recursos de amparo contra la ley a fin de achacarle a un juez la responsabilidad de detener la aplicación del tributo. Las mineras no están muy convencidas.
Lo cierto es que el Ejecutivo provincial ya empezó a negociar con los productores metalíferos –Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti), Minera Triton (Pan American Silver), Minera Santa Cruz (Minera Andes) y Cerro Negro (Goldcorp)– para encontrar una solución alternativa. ›|‹