Las estaciones de servicio van a la Corte bonaerense contra distritos massistas

Los dueños de estaciones de servicio lograron una pequeña victoria en su pelea contra los intendentes massistas, que desde hace meses comenzaron a aplicar un nuevo impuesto a los automovilistas bajo el nombre de«tasa vial».

Entre fines de abril y principios de mayo, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires aceptó resolver el pedido de inconstitucionalidad contra el cobro de ese gravamen dispuesto por la municipalidad de Olavarría que planteó Fecra, la federación que reúne a dueños de bocas de expendio de todo el país y está encabezada por la combativa Rosario Sica.

Aunque la definición del máximo tribunal bonaerense se aplicará sólo sobre Olavarría, sentará jurisprudencia para el resto de los casos.

Entre otros partidos, el impuesto se cobra en Tigre, Vicente López, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Pilar, Malvinas Argentinas, San Martín, Junín y Merlo. Así lo informaron fuentes al tanto de la disputa. Los jefes comunales entienden que la «tasa vial» es una herramienta para mantener las calles. Implica el pago de un monto fijo o de un porcentaje (de manera que se actualiza con cada aumento de los combustibles, que este año escalaron un 60 por ciento). En algunas localidades, ronda los $ 0,40 por litro.

Los dueños de estaciones de servicio, en cambio, consideran que hay otros recursos que tienen ese destino, por lo que la aplicación de la tasa vial sería inconstitucional.

La tasa les acarrea varios problemas. Por ejemplo, los automovilistas más preocupados por cuidar su bolsillo elegirán cargar naftas o gasoil en los municipios que no la cobran.

Además, los jefes comunales dispusieron que las estaciones se hagan cargo de recaudar el impuesto y girarlo, algo que les implica mayores gastos. Por ejemplo, para Sica, que hace algunos años organizó lock-outs para suspender la venta de combustibles en reclamo por la falta de respuesta oficial ante el cierre de estaciones de servicio, la cuestión está al tope de la agenda.

Los dueños de bocas de expendio cuentan con el apoyo del Gobierno, en especial del ministro de Economía, Axel Kicillof, y de su número dos, Emmanuel Aggis. Ambos están más preocupados por el efecto que ese gravamen puede tener sobre la inflación que por la salud de las bocas de expendio. Así lo consignó La Nación.

Sica mantuvo varios encuentros con ellos y otros funcionarios del Gobierno. El último fue el 6 de mayo, con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y representantes de Kicillof. Luego, la agenda económica sufrió un fuerte viraje por la crisis de la deuda.

El Gobierno rechazó desde el principio la aplicación de la tasa vial. La disputa más fuerte fue contra Córdoba, la primera provincia en aplicarla. La Casa Rosada llevó en 2012 la disputa hasta la Corte Suprema de la Nación, que hasta ahora no resolvió la cuestión.

YPF parece haber quedado a mitad de camino. En diciembre pasado, un cable de Télam estipulaba que, según la empresa que conduce Miguel Galuccio, «la medida causará una distorsión de precios entre zonas lindantes que afectará directamente a algunas estaciones de servicio». Pero más tarde les informó a las bocas de expendio que debían cobrar el tributo. Según fuentes al tanto del tema, esa comunicación se originó más en la recomendación de los encargados de la parte contable de la compañía que en la mirada política de su conducción.