La sublime obsesión de duplicar la inversión

Después de cuatro meses de intensas negociaciones con las provincias, el Gobierno ultima los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país. La intención de la Casa Rosada es multiplicar los proyectos y duplicar las inversiones en el sector para que la Argentina se convierta en una potencia regional en ese rubro.

La herramienta central de esta política -considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren- es un proyecto de ley para establecer un nuevo Acuerdo Federal Minero. Apunta a homogeneizar las legislaciones nacionales y provinciales, para darles estabilidad impositiva a los inversores, evitar conflictos con los gobiernos locales y lograr el respaldo de las comunidades donde se desarrolle la actividad. Es algo similar a lo que hizo el gobierno anterior con la actividad petrolera.

La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero mucho menos que lo invertido en ese tiempo en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones).

El plan enfrenta un gran escollo: el rechazo de las organizaciones ambientalistas, en estado de alerta ante la posibilidad de que la minería siga avanzando sobre áreas protegidas por la ley de glaciares.

Descubrieron que el Poder Ejecutivo prepara un decreto de reglamentación de la ley que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera. De hecho, dos tercios del monto de inversiones previsto hasta 2024 corresponden a emprendimientos con conflictos potenciales con la ley de glaciares (de lo que se informa por separado).

En cambio, los defensores de la iniciativa -impulsada por el secretario de Minería, Daniel Meilán- sostienen que se protegerá el ambiente y hacen foco principalmente en el enorme beneficio económico que podría traer consigo un eventual boom de la minería.

Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000, entre empleos directos e indirectos, podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar 130.000 puestos de trabajo para 2021.

Todavía con resistencia firme de algunas provincias, como Chubut, el proyecto para un nuevo acuerdo federal ya superó la instancia del Consejo Federal de Minería (Cofemin), integrado por representantes de todos los distritos. Tras una última ronda de negociaciones con los gobernadores, prevista para la semana que viene, será enviado al Congreso.

La idea de la Casa Rosada es que empiece a discutirse a partir de la reapertura de las sesiones ordinarias, el 1° de marzo. «Estamos trabajando contra reloj. Necesitamos que salga rápido para aprovechar el viento a favor que sopla en la actividad, después de haber levantado el cepo cambiario y eliminado las retenciones», dijo a LA NACION el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Eduardo Cáceres (Pro-San Juan).

El oficialismo parlamentario ya inició conversaciones con el sector más moderado de la oposición. Por tratarse de una ley-acuerdo, su texto puede ser aprobado o rechazado, pero no modificado. Después debe ser ratificado por las legislaturas provinciales.