De 2006 a 2012, la empresa Los Pelambres sacó unas 40 millones de toneladas de rocas de su mina en Chile y las arrojó en suelo calingastino, en el yacimiento de cobre que tiene bajo concesión la compañía Pachón SA. En la investigación por la construcción de la escombrera y su riesgo contaminante, en la Justicia Federal ahora pusieron la lupa en la Policía Minera.
El fiscal Francisco Maldonado y el juez Leopoldo Rago Gallo pidieron informes al Ministerio de Minería dado que quieren determinar si el organismo estaba al tanto de lo que ocurría, si sabían que se trataba de territorio argentino y si hicieron los controles en el emprendimiento que se encuentra en exploración. De lo que surja del análisis de la información, el representante del Ministerio Público o el magistrado definirán si se debe o no investigar a uno o más funcionarios de esa época por algún tipo de responsabilidad, negligencia u omisión en la tarea de verificación, explicaron fuentes vinculadas a la causa.
El dato surgió luego de que Rago Gallo indagara a tres exdirectivos de Pachón SA, que cumplieron funciones en la empresa mientras se armó la montaña de escombros (Ver recuadro). La sospecha contra los exjerarcas es que no hicieron nada para evitar que se construyera la escombrera dado que Los Pelambres estuvo depositando millones de toneladas de rocas en el área que tienen en concesión y bajo custodia.
Desde Pachón presentaron la demanda contra la minera chilena en 2014 y un año después hicieron la denuncia. En la causa ya están imputados (y a la espera de la resolución de su situación procesal) ejecutivos de la minera chilena, que se encuentran bajo la lupa por el delito de contaminación. Estos son Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery, Robert Mayne-Nicholls, de la minera Los Pelambres, y Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla la empresa trasandina.
Como la investigación está abierta, tanto el juez como el fiscal pueden ampliarla hacia otros supuestos implicados. Las fuentes indicaron que Maldonado le solicitó medidas a Rago Gallo y que este le hizo lugar, entre las que se encuentran informes sobre la actuación de la Policía Minera durante el lapso en el que se armó la escombrera. Entre sus funciones, el organismo oficial ejerce el control sobre los trabajos de prospección, exploración, explotación y procesamientos de minerales. Los investigadores buscan establecer si hay o no responsables de algún accionar negligente o una omisión en el control. En ese punto, bucearán sobre qué chequeos se realizaron y dónde y si se conocía, por ejemplo, que la escombrera estaba en suelo argentino.
Si encuentran alguna irregularidad, se formalizará recién una sospecha y una imputación contra uno o varios supuestos implicados. En cambio, si no hay nada y el accionar fue el correcto, no es necesaria ningún tipo de resolución dado que no habrá responsables y la causa seguirá tal cual está hasta el momento.
Fuente: Diario de Cuyo