La justicia argentina volvió a rechazar los reclamos de Repsol

La justicia comercial rechazó un pedido de Repsol para que YPF retire de su directorio a las autoridades que designó el Estado Nacional en la Asamblea del 4 de junio de 2012, luego de que se declarase la ocupación temporánea, la utilidad pública y la sujeción a expropiación del 51% de las acciones de la petrolera española.
La Cámara Nacional en lo Comercial se opuso al recurso que la compañía transnacional interpuso contra la decisión del juez de primera instancia, que había desestimado las medidas cautelares de intervención y coadministración de YPF SA solicitadas por Repsol. El tribunal revocó también la anotación de litis que el mismo magistrado había dictado a pedido de la empresa española.
La decisión del tribunal reconoce la actuación del directorio designado a propuesta del Estado Nacional con base en la ley de expropiación que la compañía de origen europeo había rechazado bajo argumentos de supuesta inconstitucionalidad, indicaron fuentes jurídicas consultadas por la prensa.
Las fuentes agregaron a Tiempo Argentino que «el fallo de la Cámara Nacional en lo Comercial –que replica uno similar, recientemente dictado con motivo de la expropiación de YPF gas también dispuesta por la Ley 26.741– debilita sustancialmente la estrategia judicial de la firma que comanda Antonio Brufau y dirigida a cuestionar la validez de la actuación del actual directorio de YPF con el propósito de obstaculizar el desarrollo de la empresa mediante asociaciones con otras petroleras», afirmaron los especialistas.
Luego de que el Estado decidió avanzar en la recuperación del 51% del paquete accionario de la compañía estratégica en materia energética, tanto la justicia en lo contencioso Administrativo Federal como la justicia Nacional en lo Comercial se pronunciaron en sentido inverso a las medidas cautelares solicitadas por la empresa de origen español contra el Estado Nacional e YPF respectivamente y, de hecho, respaldaron el proceso expropiatorio iniciado con la sanción de la Ley 26.741.
El frontón judicial modificó la estrategia de la multinacional, que ahora apuesta por la vía internacional, en España y en los Estados Unidos, donde se apoya para ejercer presión contra la administración nacional y ahogo comercial a la petrolera recuperada, sociedad de la que sigue siendo accionista.