La Cámara Minera de Santa Cruz expresa preocupación por la modificación de la Ley 3141 de empleo provincial

El cambio legislativo, que eleva del 70% al 90% el requisito de contratación de trabajadores con residencia comprobada en la provincia durante al menos seis años, genera inquietud en el sector minero, que destaca la necesidad de previsibilidad para mantener sus operaciones.

La Cámara Minera de Santa Cruz manifestó su preocupación ante la reciente modificación de la Ley 3141 de empleo provincial, aprobada por la Legislatura santacruceña. La reforma aumenta del 70% al 90% el porcentaje de trabajadores con residencia comprobada en la provincia durante al menos seis años para ser considerados en la nómina de empleo local, afectando a los sectores hidrocarburífero, minero y pesquero.

Cambios en las condiciones y controles

El nuevo marco legislativo establece mayores requisitos para la residencia, incluso en proyectos que participan del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Además, incorpora mecanismos de control más estrictos y programas de fomento a la capacitación provincial. Desde la Cámara, se reconoce la intención de promover el empleo local, pero expresan preocupación por la implementación inmediata en el contexto actual, donde las empresas necesitan previsibilidad para sostener y extender sus proyectos.

En un comunicado oficial, la entidad afirmó: “Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de Santa Cruz y con la generación de empleo local”. También destacaron los cursos de formación de operadores mineros que financian, con más de 200 personas capacitándose en formación teórica y práctica.

Desafíos para el sector en el cumplimiento de la ley

La Cámara señala que, aunque el sector minero ya supera el 90% de empleo local en operarios, alcanzar ese mismo porcentaje en toda la nómina requiere fortalecer condiciones estructurales como infraestructura, servicios y formación técnica especializada.

El sector asegura que la efectividad del cumplimiento de la ley dependerá de un trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y las instituciones educativas, con el fin de garantizar personal calificado en toda la cadena productiva. Además, insisten en la importancia de planificar una transición gradual, que permita evitar impactos negativos en la operación de los yacimientos y en la generación de empleo indirecto. La propuesta es establecer plazos y metas progresivas que permitan compatibilizar los objetivos provinciales con la realidad productiva del sector minero.