Inclusión laboral: la industria minera unifica criterios de equidad y diversidad

Cámaras sectoriales de siete provincias, universidades y la empresa estatal YCRT formalizaron un acuerdo en Buenos Aires para estandarizar políticas de género y prevenir la violencia laboral en sus operaciones operativas y comerciales.

La firma del convenio se concretó en el marco del encuentro «Voces en Red» mediante la adhesión al programa “Califica Buenas Prácticas (BP) WIM Argentina”. Esta iniciativa, diseñada por la organización Women in Mining (WIM) Argentina, establece una plataforma técnica para que las organizaciones del sector implementen medidas concretas de inclusión diaria y abandonen las declaraciones de principios abstractas.

El documento sumó el respaldo institucional de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y de las cámaras provinciales de Salta, San Juan, Santa Cruz, Mendoza, Jujuy y La Rioja. Asimismo, el sector proveedor de la cadena de valor garantizó su participación a través de las firmas de CAPMIN y de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza.

La estructura del programa técnico se ejecutará mediante herramientas operativas como el Sistema de Gestión de Equidad de Género (SGEG). Este mecanismo faculta a las empresas y organismos adheridos a estandarizar bajo normativas internacionales sus auditorías internas, procesos de reclutamiento de personal, evaluaciones de desempeño técnico y pliegos de licitaciones comerciales.

En el ámbito público y corporativo, la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se constituyó como la primera compañía en integrarse de forma particular al programa, fijando un precedente de gestión para el resto de los operadores mineros. Por su parte, el sector académico aportó el soporte institucional y técnico al acuerdo mediante las firmas de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Siglo 21.

El presidente de CAEM, Roberto Cacciola, afirmó que la implementación de este marco normativo interno constituye un desafío orientado a mejorar de forma directa la calidad de vida de las familias asociadas a la actividad. El esquema normativo adoptado busca erradicar la violencia laboral en las plantas y yacimientos, al tiempo que apunta a elevar la competitividad global del sector mediante la modernización de los entornos de trabajo de la industria.