Gas: malestar entre petroleras por la postergación del pago de una deuda millonaria

Cuando parecía que la escalada en el conflicto que mantienen productoras y distribuidoras de gas por una deuda millonaria a favor de las primeras iba camino a normalizarse, el Gobierno cambió sobre la marcha una decisión tomada hace dos semanas y volvió a atizar la disputa. En concreto, petroleras reclaman que las distribuidoras acumulan un rojo superior a los $ 1500 millones -que se acrecienta mes a mes- por el no pago de las facturas del gas que consumen. Los incumplimientos comenzaron en octubre del año pasado, según informó El Inversor Online a principios de mes. Las distribuidoras sostienen que los ingresos que perciben por tarifas no son suficientes para cubrir sus gastos operativos.

El pasado 9 de junio el Gobierno aprobó una asistencia económica transitoria por $ 2590 millones a abonar en 10 cuotas consecutivas para repartir entre las nueve distribuidoras de gas natural, retroactivo también al 1 de mayo, con el fin de que puedan solventar gastos e inversiones asociadas al funcionamiento del servicio. Funcionaría, en la práctica, como un adelanto tarifario. De esa manera, benefició a Metrogas, la principal distribuidora del país, que es controlada por YPF, y a otros jugadores del sector como Gas Natural BAN; Litoral Gas; Gasnor; Camuzzi Gas Pampeana; Camuzzi Gas del Sur; Distribuidora de Gas Del Centro, entre otras.

Sin embargo, esta semana el Enargas, el ente regulador intervenido por el Ejecutivo, comunicó a las petroleras que el saldo impago acumulado hasta el 31 de diciembre de 2014 se pagará en 36 cuotas. La primera se abonará, en forma retroactiva, a partir del 31 de marzo y la última se cancelará el mismo mes de 2018. Así lo aseguraron a este medio fuentes de tres empresas gasíferas.

“La asistencia económica que baja el Estado a cada distribuidora alcanza para ponerse al día con las facturas de 2015, pero no es suficiente para cancelar la deuda de 2014 (cercana a los $ 1500 millones) en 10 cuotas, como se había hablado en un primer momento”, explicó un ejecutivo consultado. “Como el Gobierno no accedió a incrementar las partidas involucradas ($ 2590 millones), lo adeudado se pagará a tres años”, agregó.

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