La minera canadiense busca acceder al régimen nacional mientras sigue pendiente la aprobación ambiental tras siete años de evaluación en Salta y resta garantizar la concesión definitiva de agua.
La minera canadiense First Quantum confirmó que solicitará antes de finalizar 2026 el ingreso del proyecto cuprífero Taca Taca al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), iniciativa ubicada en Salta que contempla una inversión inicial de 4.200 millones de dólares y un monto total de 5.250 millones de dólares en su etapa de ampliación. La decisión, comunicada tras una reunión entre el canciller Pablo Quirno y las autoridades ejecutivas de la firma, busca acceder a beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para avanzar en el financiamiento del yacimiento, el cual proyecta una producción media anual de 291.000 toneladas de cobre en su primera década, la generación de 4.000 empleos en la construcción y 2.000 en la fase operativa.
A pesar del anuncio de adhesión al régimen nacional, el proyecto mantiene pendiente la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuyo expediente acumula más de siete años en proceso de evaluación desde su presentación formal en febrero de 2019. Durante este procedimiento, el Gobierno de Salta solicitó la intervención del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la compañía incorporó estudios hidrogeológicos complementarios y modificaciones de ingeniería, fijándose para el 12 de noviembre de 2026 la audiencia pública oficial en Tolar Grande para analizar el Informe de Impacto Ambiental y Social.
El abastecimiento hídrico para los 35 años de vida útil previstos constituye la segunda condición técnica y legal aún no resuelta de manera definitiva. Si bien la Secretaría de Recursos Hídricos de Salta otorgó una factibilidad hidrológica inicial, la empresa aún debe convertirla en concesiones definitivas para la planta primaria de procesamiento —diseñada para 40 millones de toneladas anuales— y definir las fuentes para cubrir el 10% restante de la expansión proyectada a 60 millones de toneladas, en una operación que contempla la recirculación de más del 85% del agua utilizada en sus procesos industriales.
La solicitud de ingreso al RIGI no reemplaza la aprobación ambiental provinciana ni las concesiones de agua requeridas, ni representa una decisión definitiva de construcción por parte de la firma canadiense. La concreción de la inversión dependerá de la resolución de los permisos provinciales y de la obtención de financiamiento en los mercados internacionales para ejecutar la infraestructura prevista en la Puna salteña.


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