Fin del conflicto minero en La Rioja: Quintela y Vicuña sellan un acuerdo de cooperación

Tras semanas de tensión por el acceso al proyecto minero en Guandacol, el Gobernador y el directivo de la empresa acordaron una hoja de ruta centrada en infraestructura, empleo local y control ambiental. Se busca formalizar el entendimiento en un documento marco en el corto plazo.

El conflicto que mantenía en vilo al sector minero en el límite entre La Rioja y San Juan parece haber encontrado una vía de resolución. El gobernador riojano, Ricardo Quintela, y el country director de la empresa Vicuña, José Morea, mantuvieron un encuentro clave este martes 12 de mayo de 2026, logrando un entendimiento que desactiva las restricciones de acceso y abre una etapa de colaboración regional.

Los ejes del nuevo esquema de trabajo

El acuerdo preliminar, que busca dar previsibilidad a la operación y beneficios tangibles a la provincia, se estructuró sobre siete puntos centrales. Según detalló el ministro de Trabajo y Minería, Federico Bazán, el documento marco en el que trabajan ambas partes prioriza la infraestructura y el desarrollo social en la zona de influencia de Guandacol.

Entre los compromisos asumidos destacan:

Control ambiental y soberanía territorial

Un punto no negociable para la administración de Quintela ha sido la capacidad de supervisión. El gobierno provincial ratificó que mantendrá todas sus facultades de control y fiscalización ambiental. Esto implica que cualquier impacto que el emprendimiento pueda generar sobre suelo riojano será monitoreado directamente por las autoridades locales, funcionando como una garantía de sostenibilidad dentro del pacto.

Hacia la firma definitiva

Este acercamiento marca un giro drástico tras las tensiones de las últimas semanas, que habían puesto el foco en la seguridad jurídica y la previsibilidad minera en la región.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que los detalles técnicos de cada punto se terminarán de pulir en las próximas semanas. El objetivo es que el acuerdo final sea plasmado por escrito y firmado en el corto plazo, estableciendo reglas claras para el uso de infraestructura y la convivencia entre la actividad minera y la comunidad local.

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