La actividad exploratoria registra su segundo año consecutivo de contracción, según la AIMMGM, en un contexto donde la geología de clase mundial pierde peso frente a la falta de certidumbre jurídica y demoras en permisos.
La exploración minera en México cayó 14,2% desde 2024, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM). Esta baja se suma a la contracción del 11,5% registrada en 2024, configurando dos años seguidos de retroceso que responden directamente al impacto de la Reforma Minera de 2023.
La reforma impulsada durante la administración López Obrador introdujo cambios estructurales: otorgó al Servicio Geológico Mexicano (SGM) el monopolio de la exploración en nuevas zonas, redujo los plazos de las concesiones, reforzó los requisitos de Consulta Libre, Previa e Informada con comunidades indígenas y propuso elevar los derechos mineros del 7,5% al 8,5%. Estos ajustes generaron incertidumbre sobre las reglas de operación tanto para proyectos existentes como para los futuros.
El amparo constitucional presentado por empresas del sector permanece pendiente de resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que mantiene un limbo jurídico que dificulta la planificación y la modelación de riesgos por parte de los inversionistas.
Zulma Herrera, de Implacable Enterprises, explicó que “un inversionista prefiere un yacimiento ordinario con reglas claras a uno extraordinario con incertidumbre”. Esta lógica ha llevado a una reconfiguración de portafolios: menos proyectos nuevos en el pipeline, menor cantidad de geólogos en campo y reducción de contratos con proveedores locales de servicios técnicos.
Los estados más afectados son Sonora, que concentra cerca del 45% de la producción nacional, y Zacatecas, responsable de aproximadamente el 33% de la plata del país. En ambos casos, los proyectos juniors y medianos —que dependen de capital fresco de exploración— son los más golpeados, aunque algunos grandes como Buenavista del Cobre, Las Chispas, Peñasquito o Juanicipio mantienen su impulso.
A nivel regional, la competencia se intensifica. Argentina registró un crecimiento del 29,2% en exportaciones mineras en 2025, impulsado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece estabilidad fiscal por 30 años. Chile mantiene su liderazgo mundial en cobre, pero también enfrenta demoras en permisos y debates sobre participación estatal en litio.
En México, la exploración es la etapa que alimenta toda la cadena productiva. La caída actual implica que habrá menos minas nuevas en producción hacia 2030-2032. Aunque la producción de valor en 2024 alcanzó los US$17.500 millones (con un crecimiento del 15,9% impulsado por precios altos de oro y plata), este buen desempeño se basa en minas ya existentes y no compensa la ausencia de nuevos proyectos en exploración.
La contracción también afecta el empleo: el sector genera 400.000 puestos directos y 2,5 millones indirectos. Cada punto porcentual de baja en exploración se traduce en menos contratos para servicios técnicos, geólogos y proveedores de insumos.
La administración de la presidenta Sheinbaum ha mostrado un giro pragmático con medidas como la reducción del backlog de permisos en Zacatecas (de 25 a 5 en 2025), la firma del Plan México-EUA de Minerales Críticos en febrero de 2026 y el paso a un modelo mixto en litio. Sin embargo, estas acciones aún no revierten la tendencia de dos años de caída.
Según el Fraser Institute, México mejoró al lugar 49 en el índice de atractivo para inversión minera en 2024 (desde el 74 anterior), aunque sigue por debajo de su potencial geológico. La clave, según el análisis del sector, pasa por lograr certeza jurídica sostenida y tiempos de permiso predecibles, especialmente a la espera de la resolución de la SCJN sobre la Reforma Minera de 2023.