El Gobierno licitará la terminación de dos centrales eléctricas

Enarsa quiere desprenderse de los activos que posee en el negocio de generación eléctrica. La empresa estatal lanzará una licitación para vender o concesionar las centrales térmicas Ensenada Barragán, ubicada en La Plata, y Brigadier López (Santa Fe). Son centrales térmicas que están operativas pero cuya construcción quedó inconclusa por demoras del gobierno anterior. Por eso, la intención del Gobierno es vender o concesionar la central a algún privado con el compromiso de finalizar el proyecto, que prevé la instalación de una turbina de vapor para cerrar el ciclo combinado. Se requiere una inversión cercana a los US$ 250 millones, un monto que el Gobierno no quiere financiar por su impacto fiscal.

La trama contempla un capítulo engorroso por sus esquirlas políticas: antes de sondear el interés de los privados, Enarsa deberá rescindir el contrato de construcción que estaba a favor de la UTE conformada por Iecsa, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y de la española Isolux. El consorcio le reclamó al Estado $ 5700 millones –unos US$ 380 millones al tipo de cambio oficial- por el incumplimiento de los términos contractuales establecidos para el proyecto Ensenada Barragán, una planta que aún se encuentra inconclusa. La presentación administrativa fue iniciada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se mantiene viva hasta la actualidad.

El requerimiento económico se explica, en rigor, por tres puntos centrales: Calcaterra –que conduce las negociaciones con Enarsa en torno a Ensenada Barragán- cuestionó la aplicación del Decreto 1295/02 de Redeterminación de precios de obras públicas por no indexar el presupuesto del proyecto en base a la inflación real de la Argentina; advirtió que el Ministerio de Planificación, que dirigía Julio De Vido, modificó la ingeniería de la usina, por lo que generó un encarecimiento de los costos totales, que no fueron reconocidos; y solicitó fondos adicionales para pagar los suelos de los trabajadores afiliados a UOCRA que permanecen sin actividad desde hace 10 meses por la indefinición en torno al futuro del proyecto.