El Gobierno defendió la estatización de YPF ante la Justicia norteamericana

El Gobierno nacional le pidió a la Cámara de Apelaciones de Nueva York no hacerle lugar al reclamo económico del Grupo Petersen por la expropiación de YPF, que llega a los 3.000 millones de dólares, al sostener que fue un acto soberano de la Argentina y no tuvo una finalidad comercial. El pedido se definirá en la audiencia que se realizará la semana próxima, en la que los jueces de la cámara de segunda instancia decidirán si hacen lugar al reclamo de Petersen, que fue comprado por el fondo de inversión Burford y que ya recibió una sentencia favorable en primera instancia. Los abogados del estudio Akerman que defiende a la Argentina en esa causa fundamentaron el reclamo en la doctrina del «Act of state», que determina que cada país tiene límites respecto de otros Estados y que su poder judicial no se entrometerá en los actos de otros países respecto de hechos ocurridos en su territorio. El «Act of state» se utiliza generalmente cuando un activo de los Estados Unidos es nacionalizado en otro país y la empresa afectada reclama en los tribunales norteamericanos para ser resarcida. En su presentación los abogados sostuvieron que la expropiación de YPF a la empresa Repsol «es constitucional y fue avalada por el Congreso».