A través del Decreto 563/2025, el Gobierno argentino anunció la eliminación de los Derechos de Exportación (D.E.) en una amplia gama de productos del sector minero. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca fortalecer la competitividad y promover el desarrollo productivo de uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.
La normativa abarca minería metalífera y no metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y semipreciosas. La iniciativa pretende aprovechar el potencial de crecimiento del sector minero, especialmente en el contexto de la transición energética global, que impulsa la demanda de minerales críticos.
Importancia económica y desafíos
Actualmente, la minería es el quinto complejo exportador de Argentina, representando en provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca cerca del 80% de sus exportaciones. Sin embargo, en el total de la economía, la actividad minera aporta solo el 1.2% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra considerablemente menor comparada con otras economías mineras regionales, donde puede llegar hasta el 10%.
La eliminación de aranceles busca cerrar esa brecha, estimulando la recuperación económica, generando empleo y aumentando los volúmenes de exportación. En este marco, un informe conjunto de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta un crecimiento del 14% en las exportaciones mineras en 2025, alcanzando un récord histórico en términos nominales. Este sería el quinto año consecutivo de aumento en las exportaciones del sector, sustentado en la creciente demanda mundial de minerales críticos para la energía limpia, pese a ciertos desafíos en la producción de oro y plata.
El decreto especifica las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) que ahora gozarán de arancel cero en las exportaciones, según se detalla en un anexo adjunto.
Derogación de normativas previas
Además de la reducción arancelaria, el Decreto 563/2025 elimina formalmente el Decreto 308/2022, que había establecido el «Registro Optativo de Exportaciones de Cobre». Dado que dicho registro nunca entró en funcionamiento, su eliminación no afecta derechos adquiridos ni beneficiarios inscritos. La medida busca simplificar la gestión pública y eliminar funciones redundantes, facilitando así un entorno más favorable para la actividad minera en Argentina.
Con esta política, Argentina busca potenciar su industria minera en un momento clave de la transición energética global, consolidando su posición en el mercado internacional de minerales y promoviendo una mayor integración del sector en la economía nacional.