Echegaray quiere modificar el régimen impositivo de la minería

Como antesala de la apertura de la Argentina Mining 2014, la comisión directiva de la CAEM, la cámara de empresarios mineros, se reunió hoy en esta ciudad para debatir cuestiones de agenda de la actividad. El orden del día estuvo dominado por un tema: la iniciativa oficial, hasta ayer desconocida por la mayoría de los ejecutivos, de crear un nuevo registro impositivo para las empresas mineras. La intención del Gobierno fue comunicada por funcionarios de la AFIP a un selecto grupo de directivos mineros en una reunión la semana pasada. Pero recién ayer se hizo extensiva al resto de las compañías de la industria, según pudo averiguar El Inversor Online. Si bien aún no se conocen los alcances de la decisión del Ejecutivo, su difusión provocó incertidumbre. Los ejecutivos temen que la iniciativa modifique todo el ordenamiento impositivo del sector. Lo que se sabe hasta ahora es que el organismo que conduce Ricardo Echegaray apunta a una recategorización –en función de una nueva nomenclatura tributaria- de todas las empresas mineras, tanto de las productoras, como de las exploradoras, titulares de cateos e incluso también de las compañías de servicios y contratistas. Esa voluntad quedó plasmada en un borrador inicial que la AFIP difundió entre las empresas de la CAEM. Los privados podrán ahora hacer una devolución con las anotaciones que consideren pertinentes. “Vamos a analizar en profundidad el alcance del documento para luego hacer llegar nuestra opinión”, explicó el gerente de una productora que pidió la reserva de nombre. A lo que se apunta, en rigor, es a crear un régimen de categorización específico para la minería. “Es llamativo porque la Secretaría de Minería ya cuenta con registros que actualizan su información de forma corriente”, advirtieron desde otra empresa. La preocupación de las empresas gira en torno a las implicancias que tendrá la aplicación de un nuevo registro, en especial si provocará un incremento de la carga impositiva que pesa sobre el sector. La Ley N° 24.196 (de Inversiones Mineras), sancionada a principios de los ’90, estableció la estabilidad fiscal por 30 años para los proyectos mineras (contados a partir de la presentación de su estudio de factibilidad). Algunos empresarios barajaban ayer la posibilidad de que el Gobierno aplique un régimen impositivo diferencial –con distintos niveles del Impuesto a las Ganancias y del IVA- en función del tamaño de las empresas mineras. Pero allegados a la CAEM le restaron fuerza a esa versión. “Aún no sabemos cuál es el objetivo de fondo que persigue el Ejecutivo. Es temprano para analizar los alcances”, indicaron.