Ante el colapso del suministro por una fuga masiva de gas en Cusco, el Gobierno activó medidas de emergencia y racionamiento para priorizar el consumo doméstico, mientras el sector minero —pilar de las divisas nacionales— observa con atención la resiliencia de la infraestructura estratégica.
El Gobierno de Perú ha tomado la decisión drástica de liberar sus reservas de combustibles para garantizar el abastecimiento interno, en lo que ha sido calificado por el Ejecutivo como la peor crisis energética de las últimas dos décadas. La emergencia se originó el pasado 1 de marzo, tras detectarse una fuga y llamarada en la estación de válvulas KP43 de la Transportadora de Gas del Perú, ubicada en Megantoni, Cusco.
Un sistema operando al 10%
La gravedad del incidente obligó a suspender temporalmente el transporte de gas natural y líquidos asociados. Según informó el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, ante el Congreso, actualmente solo se está entregando el 10% del gas habitual.
Esta restricción ha generado un efecto dominó:
- Suspensión de exportaciones: Perú ha detenido los envíos de gas al exterior para priorizar el mercado interno.
- Parálisis en Pisco: Pluspetrol detuvo la producción de GLP en su planta de fraccionamiento, la cual provee cerca del 70% del consumo nacional.
- Racionamiento estricto: El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró la emergencia por 14 días, priorizando a hogares, comercios regulados, servicios esenciales y transporte público.
Como medida complementaria para reducir la presión energética en las zonas urbanas, se ha dispuesto una semana de teletrabajo y clases remotas en Lima y Callao.
La minería: El gigante a prueba
La crisis ocurre en un momento de bonanza para el sector minero. Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones mineras alcanzaron un récord histórico de US$49,629 millones, consolidándose como la principal fuente de divisas para el país.
Si bien la liberación de reservas busca «comprar tiempo», la interrupción del flujo energético pone a prueba la logística y los costos operativos de una industria que depende de la estabilidad del sistema. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ya coordina esfuerzos para importar un cargamento de GLP en tiempo récord, demostrando capacidad de reacción frente a la contingencia.
Impacto social y económico
El frente social es uno de los más sensibles. El ministro Alfaro advirtió que los taxistas que utilizan gas natural enfrentarán un incremento en los costos del combustible, lo que podría trasladarse a las tarifas de transporte y reparto en Lima y Callao.
Aunque el Gobierno estima que la reparación en Megantoni podría completarse en menos de los 14 días previstos inicialmente, el episodio deja una lección sobre la fragilidad del sistema. La dependencia de Camisea evidencia la necesidad de mayor redundancia y planes de contingencia más robustos para evitar que una falla técnica localizada se transforme en una crisis económica nacional.


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