Crece la tensión entre Buenos Aires y Madrid por la decisión de Rajoy de frenar la compra de biodiesel argentino

Desde hace un año y medio el péndulo de la relación entre la Argentina y España va del enfrentamiento abierto a la indiferencia, pasando por breves períodos de sigilosos intentos de reconciliación. La bola vuelve a acercarse al extremo de la tensión.

La señal pública de conflicto la dio el canciller Héctor Timerman con la áspera carta que le envió a su par José Manuel García Margallo para denunciar un acto «ilegítimo y discriminatorio» en la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de cerrar las puertas al biodiésel argentino, que tenía en España su mayor comprador. La queja no hizo más que dejar en evidencia el fracaso de meses de gestiones para normalizar el diálogo bilateral.

El malestar de Timerman se potenció porque no tuvo información previa de la orden del Ministerio de Industria español, que sacó del mercado a las empresas argentinas, líderes mundiales en el sector. El Gobierno se enteró cuando la información salió en La Nación, una semana después de que se publicara sin estridencias en el Boletín Oficial.

El gobierno de Rajoy había demorado la aplicación de las restricciones -reclamadas por las empresas de biocarburantes locales- mientras había alguna expectativa de éxito en las gestiones para llegar a un acuerdo en el conflicto que hizo estallar la relación bilateral: la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF.

En ese lapso de negociaciones, García Margallo llegó a tentar a la Argentina con un reclamo común en foros internacionales contra Gran Bretaña por la soberanía sobre Malvinas y Gibraltar. Cuando el ministro español se reunió con Timerman en Nueva York, en septiembre, el canciller argentino llegó a emitir un comunicado para anunciar un acuerdo. García Margallo lo matizó al día siguiente.

Lo que no sabían los funcionarios argentinos es que para entonces España ya negociaba con Gran Bretaña para bajar el tono de la disputa en la frontera de Gibraltar. Hace tres semanas presentaron una declaración conjunta ante Naciones Unidas, en la que se comprometen a dialogar civilizadamente. La imaginaria alianza antibritánica pasó al olvido. El caso Repsol estará en su agenda, pero es poco probable que tenga margen de acción.