Conflicto en Santa Cruz por contratación de proveedores de seguridad minera: disputa entre empresas locales y gremios sindicales

La conflictividad en torno a la contratación de proveedores locales en la minería se intensifica en varias provincias, en esta oportunidad en Santa Cruz, donde la empresa sanjuanina Huarpe Seguridad enfrentó bloqueos impulsados por gremios provinciales tras ganar una licitación.

El sindicato Unión del Personal de Seguridad y Afines de la Patagonia (USPAP) bloqueó el acceso a la mina San José / Huevos Verdes, operada por la peruana Hochschild, en rechazo a la contratación de Huarpe Seguridad para reemplazar a la empresa MV. La resistencia surge ante la imposición de normas que priorizan proveedores locales, en este caso, la firma sanjuanina que actúa en nueve provincias.

Según informó Club Minero, se han emitido diversos comunicados en el marco de este conflicto, incluyendo uno firme de MSC defendiendo su derecho a contratar y mantener sus servicios, y uno de Huarpe reafirmando que cumple con la legislación de Santa Cruz en materia de compra y empleo local. La CGT también emitió una declaración de tono elíptico en respaldo al derecho de contratación de las empresas.

El conflicto entre empresas y sindicatos

Huarpe, proveedor de seguridad minera de San Juan, no podía hacerse cargo de los servicios en la mina, ya que debía reemplazar a la policía adicional, a su costo. La licitación fue ganada por Huarpe, pero la empresa santacruceña MV, que monopolizó estos servicios en la región durante décadas, se resiste a ser desplazada. MV, liderada por Julio Gutiérrez, también cacique sindical, no ha aceptado la contratación del nuevo proveedor y mantiene el bloqueo.

Este enfrentamiento ha generado una situación inédita, ya que MV no indemnizó a sus vigiladores para que sean incorporados a la nueva empresa, lo que agrava el conflicto. Otras firmas foráneas vinculadas al sector de seguridad ya operan en la provincia sin generar este nivel de rechazo sindical.

Respuesta institucional y situación legal

El gobierno de Claudio Vidal, a través de sus autoridades mineras, no ha expresado una posición contundente frente a la escalada del conflicto, que amenaza con expandirse en la prensa provincial y nacional. La Justicia provincial convocó a una conciliación obligatoria, en un proceso que, según los expertos, no vulnera derechos sindicales, sino que se trata de una licitación privada con ganadores y perdedores, y del sostenimiento del empleo para los vigiladores de MV.

La resolución del conflicto aún está en discusión y refleja las tensiones entre las políticas de promoción de proveedores locales y las prácticas sindicales tradicionales en la región.