El conflicto legal entre la estatal chilena y la minera francesa amenaza con paralizar un desarrollo valorado en 3,000 millones de dólares en Atacama, donde se concentra cerca de una cuarta parte de los recursos de litio reconocidos en Chile. El caso expone las tensiones de fondo entre concesiones mineras tradicionales, contratos especiales y la estrategia nacional para el mineral.
El proyecto Salares Altoandinos nació como una pieza central del nuevo diseño chileno para expandir su producción de litio mediante asociaciones público-privadas. Rio Tinto firmó un acuerdo vinculante con ENAMI para desarrollarlo, pactó una participación controladora de 51% y comprometió hasta 425 millones de dólares en aportes en efectivo y en especie, incluida su tecnología de extracción directa de litio. El Estado chileno estimó una inversión total de 3,000 millones de dólares, proyectó el inicio de operaciones para 2032 y calculó que la iniciativa podría generar más de 15,000 millones de dólares para el país durante su vida útil.
Pero ese avance choca con una realidad previa. En 2023, la francesa Eramet compró un paquete de concesiones mineras en siete salares de Atacama por 95 millones de dólares. Entre ellos figuran La Isla y Aguilar, dos piezas centrales de Salares Altoandinos. La empresa sostiene que esas pertenencias mineras le otorgan una posición que ENAMI no puede ignorar y, en consecuencia, presentó recursos contra la selección de Rio Tinto y promovió gestiones administrativas y judiciales para defender sus derechos.
ENAMI acusa a Eramet de obstaculizar el desarrollo del proyecto. Eramet responde que solo protege derechos adquiridos y que sigue abierta a una salida constructiva. El litigio podría tomar al menos dos años y hasta escalar a arbitraje internacional si ninguna parte cede.
En el centro de la controversia hay una singularidad legal que distingue al litio de cualquier otro mineral en Chile. La legislación lo reservó al Estado desde 1979 y lo dejó fuera del régimen ordinario de concesiones. La Constitución chilena y el marco minero posterior exigen que la exploración y explotación de litio se canalicen mediante contratos especiales, conocidos como CEOL, o a través del propio Estado y sus empresas. En otras palabras, tener concesiones mineras en un salar no basta para producir litio.
Esa singularidad no nació por casualidad. Chile todavía trata al litio como material de interés nuclear. La Comisión Chilena de Energía Nuclear conserva facultades sobre los actos jurídicos vinculados con el mineral y sobre su venta. El sistema oficial exige que compradores y operadores acrediten el destino del producto y excluyan usos de fusión sin autorización expresa. El origen de esa arquitectura regulatoria remite a la Guerra Fría, cuando el litio se consideró sensible por sus posibles aplicaciones nucleares.
Ese legado explica la paradoja actual. Chile quiere acelerar una industria crítica para baterías, electromovilidad y almacenamiento energético, pero carga con una institucionalidad diseñada para otra era estratégica. El resultado es una superposición incómoda: por un lado, el Estado impulsa contratos especiales y alianzas con grandes mineras; por otro, actores privados retienen pertenencias mineras sobre los mismos salares y reclaman que el nuevo esquema no puede pasar por encima de sus derechos.
Tampoco conviene perder de vista el valor integral del área en disputa. Salares Altoandinos no solo concentra litio. En el expediente judicial, ENAMI señaló que Eramet incluso abrió la puerta a extraer otros elementos presentes en las salmueras, como boro, yodo y potasio. Ese dato confirma la riqueza del sistema salino y recuerda algo que a veces se omite en el debate público: una regulación clara no solo habilita litio, también ordena cadenas de valor más amplias para la minería no metálica.
Desde una perspectiva industrial, el proyecto ofrece una oportunidad concreta. Rio Tinto aportaría tecnología de extracción directa de litio, mientras ENAMI mantendría un papel relevante en la gobernanza del desarrollo. De materializarse, Altoandinos ayudaría a diversificar la oferta chilena fuera del Salar de Atacama y reforzaría la posición del país en una cadena que seguirá siendo estratégica para la transición energética.
El problema de fondo no nace de la minería. Nace de la falta de una respuesta nítida sobre cómo conviven las concesiones tradicionales, los CEOL y la estrategia estatal del litio. Chile avanzó con rapidez para firmar contratos y adjudicar socios, pero la disputa con Eramet muestra que el diseño todavía enfrenta zonas grises. Si los tribunales no fijan pronto una ruta clara, cada salar relevante podría convertirse en un campo de batalla legal antes de llegar a producción.
Para Chile, el caso será una prueba doble. Primero, deberá demostrar que puede defender su estrategia nacional sin sembrar dudas sobre el respeto a derechos mineros previos. Después, deberá probar que un modelo más estatal puede convivir con capital privado, tecnología global y tiempos competitivos de ejecución. Ese equilibrio definirá si el país convierte su ventaja geológica en producción, inversión y encadenamientos reales, o si deja que un régimen heredado siga retrasando proyectos que el mercado ya considera decisivos.