En la Provincia de Catamarca se renovaron las autoridades tras ocho años de gobierno de Lucía Corpacci, pero la decisión de promover la actividad minera como motor de desarrollo para los catamarqueños permanece inalterable.
El nuevo gobernador, Raúl Alejandro Jalil, lleva menos de dos meses en el cargo, pero ratificó claramente que se profundizará la actividad, alentando inversiones y mejorando las condiciones para la producción de minerales.
De hecho, ya participó de grandes encuentros y ferias a nivel mundial, como el que se realiza en Melbourne-Victoria (Australia), y una de sus primeras medidas fue elevar la jerarquía del área de Secretaría a Ministerio, y además avanzó hacia un acuerdo que puede ser clave, con la Provincia de Salta, que apunta a resolver viejos litigios limítrofes y unir fuerzas en el campo de la minería.
Al justificar su postura, Jalil señaló prácticamente el destino, la conformación geográfica de este distrito provincial, que con apenas un veinte por ciento de su territorio libre de montañas, casi no deja opción a otras ramas económicas de gran envergadura.
¿La naturaleza decidió por nosotros? Es evidente que sí: “Tenemos el 80% de nuestro territorio montañoso, con minerales; si no hacemos minería va a ser difícil encontrar una solución laboral para la gente”, sostuvo Jalil.
El mandatario aclaró que eso no significa abandonar el medio ambiente, ya que la producción minera “tiene que ser con control, desde la soja, el olivo, el nogal; todo tiene un impacto en el medio ambiente”, y rechazó los límites legales impuestos en otros puntos del país, porque “la minería está en todos lados, la prohibición por la prohibición misma no es una salida para ningún sector”.
La decisión está tomada, y Jalil también se ocupó de estrechar lazos con los salteños, para poner fin a viejas diferencias y armar un puente apoyado en la coincidencia de intereses.
Por eso, Jalil y su par de Salta, Gustavo Sáenz, fueron recibidos por el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, para poner en marcha un convenio de comisión de límites entre ambos distritos con el objetivo de potenciar el perfil productivo minero del territorio que tienen en común.
El citado convenio tiene el objeto de coordinar esfuerzos y acciones entre ambas provincias, con el fin de promover el desarrollo sustentable y brindar seguridad jurídica a las futuras inversiones en materia minera.
El jefe de Gabinete destacó la firma del instrumento, ya que por este se crea una Comisión Interprovincial para elaborar programas que buscan el desarrollo productivo del territorio en común, así también su impacto en el empleo formal desarrollando las potencialidades estas provincias.
Por su parte, los mandatarios provinciales remarcaron la importancia que tiene la presencia del Gobierno Nacional en la firma del convenio, ya que ambas subjurisdicciones trabajan en conjunto para solucionar los problemas de falta de empleo y de nuevas oportunidades a los jóvenes de sus provincias.
La disputa por los límites viene de larga data, casi ochenta años, e incluye una serie de planteos judiciales. El caso llegó ante la Suprema Corte de Justicia, que se declaró incompetente y pidió al Congreso Nacional el que estableciera los límites entre Antofagasta de la Sierra y el departamento salteño Los Andes.
El nuevo convenio deja en claro que su objetivo es “promover el desarrollo sustentable y adecuado de la actividad minera en sus diversas modalidades en el área limítrofe entre las provincias de Salta y Catamarca respecto de la cual existen reclamos territoriales recíprocos, brindando seguridad jurídica a las inversiones que impliquen un aprovechamiento racional de los recursos mineros”.
Y es un gran avance, porque existía el riesgo de que alguna inversión se frenara por este inconveniente legal, algo que ya no debería suceder. Por eso se creó una Comisión Interprovincial de diez integrantes (cinco por cada provincia), que elaborará y propondrá “proyectos, programas y/o regímenes de promoción de la actividad minera que serán elevados a los Ejecutivos de ambas provincias dentro de 60 días de su constitución para su posterior presentación y aprobación por parte de las legislaturas provinciales”. Fuente: El Esquiú