La Comisión Administradora del acuerdo transfronterizo retomó sus sesiones en Buenos Aires con el fin de viabilizar inversiones conjuntas, en medio de reclamos de proveedores de San Juan por una brecha de costos del 50%.
Los gobiernos de Argentina y Chile acordaron reactivar de manera formal los mecanismos del Tratado de Integración y Complementación Minera para facilitar el desarrollo de proyectos transfronterizos que involucran un potencial de inversión superior a los USD 20.000 millones. La reactivación se consolidó en la Ciudad de Buenos Aires durante la XIX Reunión Ordinaria de la Comisión Administradora de dicho acuerdo bilateral, el cual cuenta con 28 años de vigencia. Las deliberaciones fronterizas se centraron en delinear esquemas de cooperación en infraestructura, transferencia de conocimiento, apoyo logístico e implementación de facilidades regulatorias para el aprovechamiento conjunto de yacimientos de escala mundial ubicados en la cordillera de los Andes.
La sesión de trabajo estuvo encabezada por el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, junto a representantes de la Cancillería argentina. Por el lado chileno, la delegación oficial estuvo integrada por el subsecretario de Minería, Álvaro González, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres. Del encuentro institucional también participó José Morea en su doble rol de country manager del proyecto minero Vicuña y presidente de la Cámara Minera de San Juan, provincia argentina que concentra parte de los principales emprendimientos cupríferos alcanzados por el tratado.
El relanzamiento del marco de cooperación bilateral generó preocupación en la Cámara de Proveedores Mineros de San Juan. Las empresas locales advirtieron que una reactivación del tratado sin cláusulas de compensación de competitividad profundizará las dificultades de las firmas argentinas. Según las cámaras empresarias del sector, las compañías chilenas operan con costos estructurales significativamente menores en áreas críticas como logística, financiamiento, acceso a insumos y carga tributaria general.
Desde el sector proveedor sanjuanino estimaron que la diferencia de costos en la provisión de bienes y servicios alcanza hasta un 50% a favor de las empresas chilenas. Las entidades locales alertaron que esta asimetría económica podría derivar en una exclusión de las contratistas argentinas en las licitaciones vinculadas a los grandes desarrollos mineros de cobre previstos en la frontera. Ante esta situación, los representantes comerciales plantearon formalmente que las actualizaciones operativas del acuerdo binacional deben incorporar de forma obligatoria mecanismos técnicos de resguardo que equilibren la competencia y garanticen la participación de la cadena de valor local.