La diputada Juana Fernández (UCR) presentó en la Cámara baja un proyecto para establecer el “Régimen legal de la explotación del litio y sus derivados”, fundamentando en que más del 80% del litio existente en el planeta está ubicado en lo que se conoce como el “Triángulo del Litio”, que abarca el sur de Bolivia y el norte de Chile y Argentina, en yacimientos como el Salar de Hombre Muerto y el Salar de Antofalla, en Catamarca.
Para la legisladora, «en la actualidad, no se tiene en cuenta el verdadero potencial futuro del recurso que hoy explotan grandes corporaciones en condiciones desventajosas para el país, desaprovechando la oportunidad de mantener soberanía política y estratégica sobre el recurso», y recordó que en Bolivia y Chile existe legislación específica sobre este tema, y consideró que particularmente en Catamarca «existe un gran vacío respecto a la regulación del litio».
Por este motivo, propone que se faculte al Poder Ejecutivo “a la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y demás actos consiguientes del litio y sus derivados en convenio y beneficios a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas en favor de la Provincia de Catamarca», y se establezca que todo esto ocurra «garantizando el desarrollo sustentable en los aspectos económicos, sociales y ambientales en todo el ámbito provincial».
Además, plantea que toda exploración y concesión pueda ser de carácter temporal, sumado a que quienes sean los titulares de los permisos deban constituir domicilio en la provincia, como así también que deberán tener preferencia la mano de obra catamarqueña.
Por otra parte, dispone la creación de la Comisión Provincial de Explotación del Litio (CPEL) como ente autárquico en el ámbito que determine el Poder Ejecutivo, con el objeto de “regular y fiscalizar las actividades en coordinación con la Secretaría de Minería». Según el proyecto, la comisión será administrada por un Directorio constituido por un presidente y 6 miembros. Estos directores deberán ser uno en representación de los departamentos que tengan yacimientos comprobados de litio; uno por la UNCA, uno por el CONICET, uno por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, uno por la Secretaría de Minería y uno por las comunidades originarias que habiten en las zonas donde se encuentra el mineral.
Entre otros puntos, se plantea que mientras dure la Evaluación de Impacto Ambiental «se deberá contar con la participación de las comunidades originarias y de los habitantes de la región a través de sus representantes, a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de exploración y explotación del litio». Fuente: El Ancasti