Cámara Latinoamericana del Litio denuncia maniobras de subfacturación en exportaciones de litio en Argentina

La Cámara Latinoamericana del Litio, a través de su presidente Pablo Rutigliano, presentó una ampliación formal de la denuncia penal registrada bajo el expediente 3309/23, incluyendo nuevas pruebas que evidencian maniobras sistemáticas de subfacturación en las exportaciones de litio durante 2024.

La denuncia fue presentada ante el juez competente y contiene un análisis técnico-económico detallado, respaldado por documentación probatoria. Según el informe titulado «Ampliación de la Denuncia de la Cámara Latinoamericana del Litio», se detectaron discrepancias importantes entre los precios declarados por las empresas argentinas de exportación de litio (carbonato grado batería) y los precios de referencia internacionales.

El documento revela que, mientras el precio promedio internacional del litio en 2024 fue de US$15.157,30 por tonelada, las empresas exportadoras declararon un valor FOB promedio de apenas US$8.889,87. Esta diferencia habría provocado una pérdida estimada para el país de aproximadamente US$403 millones en divisas no ingresadas.

La Cámara sostiene que esta situación no solo causa un grave daño económico al Estado argentino, sino que también podría constituir delitos penales relacionados con evasión fiscal y contrabando. Además, denuncia la «ausencia de control efectivo» por parte de los organismos públicos encargados de fiscalizar estas operaciones y advierte sobre la falta de reconocimiento oficial del litio como un recurso estratégico, lo que, según el denunciante, agrava aún más el impacto de estas maniobras ilícitas.

Solicitudes a la Justicia

Entre las medidas solicitadas por Rutigliano, se incluyen:

• La incorporación del informe técnico como prueba en la causa.
• La citación a declaración indagatoria de los responsables implicados.
• La solicitud de documentación societaria, contable y fiscal de las empresas denunciadas.
• La imposición de medidas cautelares para proteger los recursos del país.
• La evaluación de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos involucrados.