En un contexto de rechazo a los contratos de explotación de litio con empresas chinas y rusas, Bolivia registró exportaciones de carbonato de litio por 12,5 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, mientras debate en el Congreso sobre el acuerdo con la firma rusa Uranium One Group.
Durante los primeros cinco meses del año, Bolivia exportó carbonato de litio por un valor de 12,5 millones de dólares, en medio de una fuerte oposición a los contratos de explotación con empresas de China y Rusia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los principales mercados receptores fueron China, con 11,5 millones de dólares, y Turquía, con 1,1 millones de dólares.
En contraste, Chile, el mayor productor mundial de litio, registró exportaciones de carbonato de litio por 623 millones de dólares en el período de enero a abril, lo que representa una caída interanual del 43% respecto al mismo período de 2024, según la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Por su parte, Argentina también experimentó un aumento en sus exportaciones, alcanzando los 275 millones de dólares en cuatro meses, un 39% más que el año anterior, según cifras de la Subsecretaría de Desarrollo Minero.
En el ámbito político, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados debate actualmente el contrato con la empresa rusa Uranium One Group para la explotación de litio. La sesión del miércoles fue interrumpida con empujones y gritos, mientras los legisladores discutían si continuaban con el análisis del acuerdo. La diputada opositora Lissa Claros advirtió que “no se moverá” del lugar por temor a que el proyecto sea aprobado de manera precipitada.
Hernán Hinojosa, presidente de la comisión, anunció un cuarto intermedio “sin fecha ni hora”, dejando abierta la posibilidad de retomar la discusión en cualquier momento. La fundación Solón alertó que, bajo el contrato con Uranium, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) podría verse obligado a devolver una inversión de 1,000 millones de dólares, a un tipo de cambio establecido por el Banco Central de Rusia.
Además, la organización criticó que el contrato ruso no especifica un punto de equilibrio de rentabilidad. Mientras que informes de contratos chinos señalaban un umbral de 13,840 dólares por tonelada, el precio actual se sitúa en torno a 7,600 dólares. El acuerdo ruso también contempla un porcentaje de participación del 49% para la firma extranjera, sin claridad sobre las condiciones de regalías o impuestos en Bolivia.
Otra preocupación relevante es la ausencia de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas de la TCO Nor Lípez, afectadas por la explotación. El contrato no detalla los procedimientos ni los impactos específicos, como la reinyección de salmuera en el salar, ni los efectos sobre las comunidades locales. Además, la fundación Solón denuncia que Uranium One Group no está obligado a contratar una evaluación de impacto ambiental independiente, lo que genera inquietudes sobre la protección del medio ambiente y las comunidades afectadas.
En medio de estas tensiones, Bolivia continúa enfrentando desafíos en su política y regulación del litio, en un escenario donde la demanda internacional sigue en aumento y las decisiones locales generan controversia y debate público.


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