Argentina impulsa reformas en minería para atraer inversiones y simplificar trámites

El Gobierno de Javier Milei anunció nuevas medidas de desregulación en el sector minero, buscando reducir la intervención estatal, agilizar procesos y potenciar proyectos de cobre, oro y litio en todo el país.

El Gobierno argentino implementó este lunes una serie de reformas en el sector minero con el objetivo de promover la inversión privada y acelerar el desarrollo de recursos estratégicos como cobre, oro y litio. A través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei, se modificaron funciones y procedimientos administrativos para reducir la carga burocrática y facilitar la participación del sector privado en proyectos mineros.

Entre las principales medidas, se simplifica el proceso de verificación de inversiones: el extenso formulario actual, que contiene más de 1.000 campos, será reemplazado por un informe presentado por un profesional independiente, disminuyendo significativamente los tiempos y la complejidad administrativa. Además, se agiliza la obtención del certificado de estabilidad fiscal, que antes podía tardar hasta un año; ahora, basta con indicar la fecha de entrada en vigencia del régimen, eliminando requerimientos de validación tributaria en diferentes niveles de gobierno.

Otra de las reformas clave es la eliminación de tareas superpuestas entre organismos estatales. El Banco Nacional de Información Geológica pasará a depender del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), que centralizará la base de datos con información geológica de los beneficiarios del régimen, optimizando recursos y evitando duplicidades.

“El Gobierno busca facilitar inversiones de gran escala en un sector considerado estratégico para el desarrollo económico nacional”, señala el decreto. La medida forma parte de la línea de acción del Ejecutivo para reducir la presencia estatal, eliminar funciones redundantes y promover un entorno más favorable para la inversión privada en minería.

La publicación de estas reformas se produce en la víspera del vencimiento del plazo que el Congreso otorgó al Ejecutivo para ejecutar cambios profundos mediante la Ley de Bases, impulsada por Milei al inicio de su gestión, con el fin de achicar el tamaño del Estado y potenciar el crecimiento económico del país.