Amplían denuncias contra Julio De Vido por el manejo de fondos públicos en Yacimientos Carboníferos y Río Turbio

Las denuncias contra Julio De Vido por el mal manejo de fondos públicos en relación al complejo minero de YCRT y la obra de la Usina Térmica de Río Turbio, suman un nuevo capítulo en la Justicia. Se presentó una ampliación de denuncia en las dos causas señalando millonarios desvíos de fondos a universidades, irregularidades en las modificaciones de costo de obras, incremento de la planta de personal, entre los puntos más destacados que son resultado del informe final de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La Usina Térmica de Río Turbio, fue una de las mayores promesas energéticas del gobierno kirchnerista. Está detenida desde noviembre de 2015 y el Gobierno asegura que la obra se finalizará, pero las denuncias alrededor de la misma fueron constantes y por sumas millonarias que están siendo investigadas.

En la Justicia la actual gestión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) denunció una serie de irregularidades donde se incluye once modificaciones de precios, ya sea a través de “ampliaciones” o “Variantes” elevando su valor a U$S 1.631.355.105 cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128.

Los adicionales de la obra incrementaron el costo el 90,28 % en relación al contrato original. Así, el costo final será tres veces más que el precio internacional para instalaciones de similares características. Esto fue incorporado recientemente en la causa que se encuentra en el juzgado del juez Claudio Bonadio. Allí se investiga a De Vido y al ex gobernador santacruceño, Daniel Peralta, «presuntos sobreprecios» y la «posible connivencia entre funcionarios y particulares».

El ministerio de Energía entre los números que no aceptó de la empresa Isolux que removió a toda su gerencia argentina sospechada de manejos fraudulentos a raíz de una auditoría interna, dio de baja por improcedentes variantes adicionales por 476 millones de dólares, de los cuales 313 millones de dólares se adjudicaron entre el 2 y 9 de diciembre de 2015, previo al retiro del kirchnerismo de la Casa Rosada.

El plazo de obra que establecerán será de un máximo de 18 meses y con las nuevas autoridades buscan acordar por el valor que está dispuesto a pagar el Gobierno: 192 millones de dólares. A la fecha el dinero invertido en la Termoeléctrica es de 1.607 millones de dólares, con lo cual llegar a inaugurarla y dejarla generando energía le costará al Estado 1.799 millones de dólares.

Ahora YCRT incorporó a la causa estos datos y otras irregularidades detectadas por la SIGEN, entre ellos «el excesivo costo de generación de energía». Según la comparación realizada por el organismo auditor, al momento de la adjudicación de la obra «la oferta ganadora cotizaba el costo de MW instalado unos 450.000 dólares por encima del precio internacional estimado».

De Vido tiene además otra denuncia realizada por YCRT por el desvío de $ 26.000 millones. La causa por defraudación a la administración pública, se encuentra en el juzgado del magistrado Luis Rodríguez. También en base a la información de la SIGEN se incorporó al expediente una serie de irregularidades detectadas en relación al complejo minero que debe

En primera instancia, se determinó que las instalaciones de la mina presentaba «condiciones inseguras para el personal de riesgo grave e inminente» así como «también para los equipos e instalaciones de Mina».

Se consignó que en el período 2011 – 2015 se debían construir 37.975 metros de túneles y sólo se realizaron 11.244 metros “un 70 % menos de lo planificado».

Así, la producción de carbón debía ser en ese mismo período, de 5.706.776 toneladas y sólo se extrajeron 841.990 toneladas: “un 85 % menos de lo establecido”. El trabajo señala que esto no guarda relación con el incremento de la planta de personal durante esos años que fue del 233 %. “YCRT tuvo esos años una importante inyección de transferencias presupuestarias de $ 16.048.404.69″, señala el documento sumado a la causa.

Los convenios celebrados con la UTN – Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) fue otro punto crítico del dictamen que ahora se incluyó en la ampliación de la denuncia. Entre 2009 y 2015 se suscribieron 453 convenios y 90 adendas entre YCRT y la FRSC por $ 4.866.400.000. Los gastos fueron calificados como “irregulares” y el informe señala que este mecanismo de contratación se hizo, primero, por tareas “que no son propias y específicas de estas instituciones”. Y que la subcontratación de la Facultad “habilitó la triangulación de las operaciones y permitió soslayar la aplicación de la normativa de contrataciones públicas”. Y sospechan de la existencia de «sobreprecios en diversas adquisiciones de bienes”.