El Ejecutivo podría adjudicar a Impsa la construcción de una central energética

En el medio del proceso de default en el que se encuentra Impsa y que terminará de validarse a fin de mes cuando no pueda hacer frente a otro compromiso financiero, la empresa del Grupo Pescarmona acaba de quedar en condiciones de adjudicarse una obra hidroeléctrica de envergadura en la Argentina. Se trata de la central Chihuido I, en la provincia de Neuquén. Ayer, se abrieron los sobres con las propuestas económicas y la compañía que dirige Enrique Pescarmona fue la que presentó el menor precio: $ 11.994 millones, cifra menor a las de los restantes grupos que participan del proceso. En segundo lugar quedó una UTE conformada por Hydrochina Corporation, Power China, Rovella Carranza, CPC y Holdec Inversora, con 13.480 millones de pesos. Tercera calificó otra asociación de empresas como son Helport, Chediack, Panedile, Eleprint, Hidroléctrica Ameghino, Isolux y Sustenta Inter Rao de la Federación Rusa que ofertaron 14.908 millones de pesos. Y por último, Electroingeniería, Hidrocuyo y China Gezhouba, que cotizaron un monto total de 13.847 millones de pesos.
Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Planificación y de Economía, Julio De Vido y Axel Kicillof, respectivamente, encabezaron la apertura de los sobres para la construcción de esta central que se enmarca en una serie de proyectos estratégicos para el Gobierno que incluyen la construcción de 11 obras hidroeléctricas, 3 acueductos y una torre de comunicaciones, con inversiones previstas por alrededor de u$s 20.000 mil millones, según consignó El Cronista.
De ser adjudicada a Impsa, será la primer obra energética que la compañía mendocina logra en Argentina desde 1998 cuando el gobierno de ese entonces le otorgó la construcción del dique Potrerillos, en Mendoza.
La apertura de los sobres para Chihuido I podría terminar siendo un salvadidas para la empresa de Enrique Pescarmona, dueño del grupo empresario, quien se encuentra negociando con el Gobierno y con los acreedores de Impsa para iniciar un proceso de reestructuración de un pasivo que asciende a u$s 2000 millones.