La iniciativa exige a las mineras un 80% de mano de obra provincia y un 60% de compras a pymes de la región frente al 20% nacional del RIGI.
El proyecto de ley de Desarrollo Local Minero impulsado por la gestión del gobernador Marcelo Orrego tomó estado parlamentario en la Legislatura de San Juan con el objetivo de establecer metas obligatorias de contratación a grandes proyectos mineros. La iniciativa exige a las compañías operar con un 80% de trabajadores locales y un 60% de bienes y servicios adquiridos a proveedores sanjuaninos, superando el piso del 20% de compras a nivel nacional fijado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La norma establece la obligación de presentar cada dos años, con carácter de declaración jurada, un Plan de Desarrollo de Empleo Local y un Plan de Desarrollo de Proveedores Locales ante el Ministerio de Minería como autoridad de aplicación. Para el control estatal se crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN.), habilitando auditorías técnicas, documentales y contables a las operadoras, las cuales solo podrán exceptuarse del cálculo si justifican formalmente la falta de oferta local en condiciones de calidad, precio, capacidad técnica o plazo.
El esquema prevé un beneficio impositivo mediante un certificado de crédito fiscal para el pago de impuestos provinciales a las firmas que cumplan simultáneamente con ambos porcentajes anuales. Por otra parte, el régimen sancionatorio por omisión, declaraciones falsas o discriminación contra firmas locales incluye apercibimientos, suspensiones o bajas del registro provincial y multas de hasta 60.000 unidades tributarias.


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