El debate en la Comisión de Minería busca dar certeza jurídica sobre estos recursos críticos. SEGEMAR estima un potencial geológico de hasta 3,5 millones de toneladas, pero advierte sobre la falta de inversiones en exploración.
La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación debatió un conjunto de iniciativas legislativas para incorporar explícitamente a las tierras raras como minerales de primera categoría dentro del Código de Minería. El encuentro, conducido por la diputada catamarqueña Fernanda Ávila, contó con el respaldo de funcionarios del Ejecutivo y representantes del sector privado, quienes coincidieron en la necesidad de despejar vacíos normativos para potenciar el desarrollo de estos insumos estratégicos.
Durante la reunión se evaluaron tres proyectos impulsados por los legisladores Silvana Giudici, Carlos Snopek y Jorge Rizzotti. El subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Ricardo Thiem, manifestó el acuerdo general del Gobierno con la recategorización y sugirió incluir también al cromo y al grafito dentro del mismo régimen, además de incorporar la nómina de elementos de forma directa en el articulado del Código.
Desde el aspecto técnico, el director nacional de Geología del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Martín Gozálvez, detalló que la Argentina cuenta con depósitos identificados por aproximadamente 190.000 toneladas en Salta, Jujuy, Santiago del Estero y San Luis. Si bien calificó la cifra como acotada, señaló que mediante modelados matemáticos se proyecta un potencial geológico de entre 3 y 3,5 millones de toneladas. Asimismo, enfatizó que la criticidad de estos elementos abarca tanto la extracción como las etapas de refinamiento y manufactura, segmentos dominados globalmente por China.
En representación de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Leonardo Rodríguez consideró positivo el ordenamiento normativo del artículo 3° del Código para otorgar certidumbre interpretativa. No obstante, advirtió que la modificación legal no resultará suficiente por sí sola para atraer capitales, por lo que reclamó un marco regulatorio permanente, competitivo y estable para la etapa posterior al vencimiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Por su parte, la diputada Giudici aclaró que el RIGI no será prorrogado y garantizó que la reforma del Código no afectará las competencias jurisdiccionales provinciales.


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