Santa Cruz aprobó un protocolo obligatorio para la gestión de incidentes de seguridad minera

A través de la Disposición 150/2026, la Secretaría de Estado de Minería unificó los criterios de notificación, clasificación e investigación de eventos en los yacimientos para personas físicas, jurídicas, contratistas y subcontratistas.

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, mediante la Secretaría de Estado de Minería del Ministerio de Energía y Minería, aprobó el nuevo Protocolo de Gestión de Incidentes de Seguridad Minera. La medida fue oficializada a través de la Disposición Nº 150/2026 en el Boletín Oficial y establece un procedimiento administrativo obligatorio para todas las personas humanas y jurídicas titulares de derechos mineros, así como para los operadores, contratistas y subcontratistas que realicen actividades bajo la jurisdicción de la Autoridad Minera Provincial. El marco busca regular la notificación, clasificación, investigación y seguimiento de los incidentes en las operaciones mineras locales, bajo las obligaciones del Código de Minería de la Nación.

La normativa clasifica los incidentes dentro de las operaciones en tres categorías específicas: críticos, graves y de alto potencial. En función de esta jerarquización, el protocolo determina plazos estrictos para su notificación a las autoridades y la obligatoriedad de preservar el lugar del hecho en aquellos casos que presenten mayor gravedad. Asimismo, las empresas alcanzadas deberán presentar informes técnicos de investigación que reúnan el contenido mínimo y los parámetros técnicos fijados por la disposición provincial.

Para homogeneizar el procesamiento de los datos y optimizar la evaluación de los riesgos en los yacimientos, la regulación incorpora definiciones técnicas unificadas de conceptos operativos esenciales. Entre los términos delimitados se encuentran las categorías de “lesión o enfermedad grave”, “incidente peligroso”, “evento de alto potencial” y “cuasi accidente”. Con estas herramientas, la autoridad minera santacruceña apunta a estandarizar la información disponible para guiar las acciones de prevención, control y fiscalización de la actividad en el territorio provincial.