A través de la Secretaría de Minería, se busca estandarizar los controles sobre los beneficios de la Ley 24.196. El documento establece criterios objetivos para auditar importaciones y declaraciones contables de las empresas del sector.
Con el objetivo de dotar de mayor transparencia y eficiencia al sistema de incentivos fiscales, el Gobierno Nacional oficializó este jueves el Manual de Procedimientos de Auditoría de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 21/2026, busca unificar la metodología con la que el Estado supervisa que los beneficios otorgados se traduzcan efectivamente en desarrollo productivo.
Estandarización y control de recursos
La normativa, elaborada por la Secretaría de Minería de la Nación, establece una guía operativa para los auditores. El propósito central es optimizar el uso de los recursos humanos y económicos del organismo, garantizando que la fiscalización sobre las empresas inscriptas en el Registro de Inversiones Mineras sea integral y objetiva.
El manual detalla los aspectos técnicos aplicables a las auditorías, enfocándose en dos ejes críticos:
- Bienes Importados: Control estricto sobre el destino y uso de los equipos e insumos ingresados al país bajo los beneficios aduaneros de la ley.
- Auditorías Contables: Fiscalización exhaustiva de las declaraciones juradas presentadas por las operadoras y empresas de servicios mineros.
Alcance y responsabilidades
El nuevo procedimiento será de cumplimiento obligatorio para la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, dependiente del Ministerio de Economía. Según el texto oficial, la herramienta permitirá aplicar criterios de evaluación uniformes, adaptándose a las particularidades de cada beneficio pero manteniendo una vara de control común para todos los actores del sector.
Con esta implementación, el Gobierno busca dar señales de seguridad jurídica y previsibilidad, asegurando que el esfuerzo fiscal que realiza el Estado mediante las exenciones de la Ley 24.196 se cumpla conforme a la normativa vigente.
«El manual busca que el control que se ejerza sea integral, eficiente y eficaz, definiendo claramente las responsabilidades de las áreas intervinientes», destaca el documento oficial.
Claridad para el sector privado
Para las empresas mineras y prestadoras de servicios, la publicación de este manual elimina la discrecionalidad en las tareas de fiscalización. Al establecer lineamientos metodológicos claros, las compañías cuentan ahora con una hoja de ruta precisa sobre cómo serán evaluados sus cumplimientos y obligaciones, facilitando el seguimiento de los proyectos de inversión en todo el territorio nacional.


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