Reforma de la Ley de Glaciares: el Senado aprobó el dictamen y postergó el debate para febrero

El oficialismo logró un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, pero la falta de consensos y el cierre del año legislativo trasladaron la definición en el recinto al 10 de febrero.
El debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) sumó esta semana un nuevo capítulo en el Senado, en un contexto todavía marcado por la discusión y el rechazo del Presupuesto nacional. El oficialismo logró avanzar con un dictamen de mayoría, aunque el tratamiento en el recinto quedó postergado para febrero.

Tras un intenso plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el proyecto impulsado por el Ejecutivo obtuvo aval para continuar su trámite legislativo. La iniciativa consta de siete artículos clave que proponen modificaciones sustanciales al régimen vigente desde 2010.

La jornada incluyó exposiciones de organizaciones ambientalistas, especialistas en ciencias, representantes del sector minero y los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, quienes respaldaron la necesidad de avanzar con cambios que otorguen mayor previsibilidad a las inversiones.

Sin embargo, la falta de consensos amplios entre los bloques y el impacto político del cierre del período ordinario llevaron a postergar la votación en el recinto. La discusión quedó agendada para el 10 de febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias.

El núcleo técnico de la reforma apunta a corregir lo que el Gobierno nacional definió como “falencias ideológicas” de la norma actual. La modificación central recae sobre el Artículo 1, que busca alinear la protección de glaciares y del ambiente periglacial con el Artículo 41 de la Constitución Nacional.

Desde los sectores ambientalistas se advirtió que, a 15 años de la sanción de la ley, el agravamiento del cambio climático refuerza la necesidad de mantener estándares estrictos de protección. Sin oponerse a la actividad minera, sostuvieron que los glaciares cumplen un rol estratégico como reservas de agua y reguladores ambientales.

El sector empresario, en cambio, coincidió en la necesidad de proteger los glaciares que constituyen reservas hídricas estratégicas, pero planteó que no todas las geoformas cumplen esa función. En ese sentido, reclamó que la ley distinga caso por caso, con base en estudios técnicos, para evitar interpretaciones que generan inseguridad jurídica.

El dictamen introduce un cambio central al vincular de manera directa la protección con la función hídrica. El nuevo texto establece que solo quedarán alcanzados por la ley los glaciares y ambientes periglaciales que actúen efectivamente como reservas estratégicas de agua para consumo humano, agricultura, recarga de cuencas o preservación de la biodiversidad.

Otro punto de debate es la incorporación del “principio precautorio” en un nuevo Artículo 3 bis, que presume protegidas a las geoformas incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares hasta que se demuestre técnicamente la inexistencia de función hídrica. Una vez verificada esa condición, quedarían habilitados proyectos hoy bloqueados.

La reforma también refuerza el concepto de “federalismo ambiental”, al devolver a las provincias un rol central en la identificación y protección de glaciares, en línea con el Artículo 124 de la Constitución. El debate que se abrirá en febrero girará en torno a si esta mayor autonomía provincial garantiza un equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental o si, por el contrario, debilita los estándares mínimos nacionales.