FAPROMIN advierte sobre el desplazamiento de proveedores nacionales por empresas extranjeras en la minería argentina

La Federación Argentina de Proveedores Mineros alertó que la creciente contratación de firmas extranjeras amenaza la cadena de valor local, poniendo en riesgo la aceptación social y el desarrollo regional en las provincias mineras.

La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN), que agrupa a las cámaras provinciales de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, expresó su preocupación por la tendencia a que operadoras mineras en Argentina contraten cada vez más empresas extranjeras, principalmente chilenas. La organización advirtió que esta situación pone en peligro el modelo de desarrollo de las cadenas de valor locales, construido tras años de trabajo conjunto entre empresas, gobiernos y comunidades.

FAPROMIN resaltó que fortalecer la cadena de proveedores nacionales fue clave para lograr la aceptación social de la minería en regiones históricamente conflictivas. La generación de empleo local, el impulso a los proveedores en los segundos y terceros anillos y la integración económica regional ayudaron a que la actividad minera fuera vista con mejores ojos. La federación advirtió que volver a prácticas del pasado, en las que primaba la subcontratación extranjera, tendría graves consecuencias para la actividad.

El pronunciamiento surgió tras el reciente foro Argentina Cobre, organizado por Panorama Minero en San Juan, donde referentes de la organización expresaron su inquietud por la tendencia a desplazar proveedores nacionales en favor de empresas extranjeras, principalmente chilenas. En particular, en el proyecto Vicuña —que incluye los yacimientos Filo del Sol y Josemaría, operados por Lundin Mining y BHP—, proveedores locales denuncian que las empresas chilenas han ganado terreno debido a menores costos y facilidades derivadas del Tratado Binacional Minero firmado en 1999 entre Argentina y Chile.

Situaciones similares se observan en otras provincias como Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz, donde firmas extranjeras reemplazan a proveedores argentinos bajo argumentos de “mayor confianza” o “mejor preparación”, a lo que las cámaras empresarias consideran infundado.

El Tratado Binacional de Minería, en el centro del debate, permite que en zonas fronterizas los bienes, servicios y trabajadores circulen libremente entre ambos países. Aunque no otorga beneficios fiscales directos, facilita operaciones con insumos más económicos, mano de obra más competitiva y logística simplificada. Sin embargo, actores locales denuncian que en la práctica estas restricciones se diluyen, permitiendo que proveedores chilenos trabajen en proyectos argentinos sin autorización expresa.

Desde la Comisión Binacional Argentino-Chilena aclararon que las áreas de operación están definidas y que no es legal que proveedores chilenos trabajen en diferentes proyectos sin autorización, aunque en la práctica se observan casos en los que estas normas no se respetan.

Para FAPROMIN, la pérdida de participación de proveedores argentinos no solo impacta la economía provincial, sino que también pone en riesgo la “licencia social” que permite a las mineras operar sin conflictos. La historia reciente del sector en Argentina muestra que el respaldo comunitario es frágil y puede revertirse si la población percibe que los beneficios económicos se concentran afuera de su territorio.