El Gobierno concretó aportes de capital a las eléctricas para evitar las quiebras de Edenor y Edesur

Las distribuidoras pierden más de $ 2,5 millones diarios por el incremento de los costos operativos

La Resolución 250 autorizó a las dos distribuidoras a compensar las deudas contraídas con el Estado por medio de acreencias que surgen de calcular el déficit provocado por el congelamiento tarifario.

A través de una resolución administrativa de la Secretaría de Energía, el Gobierno descomprimió parcialmente la asfixiante situación financiera de las distribuidoras eléctricas, que colocó a Edenor y a Edesur –las mayores compañías del sector– al borde de la quiebra. Un día después de que Edenor –controlada por Pampa Energía– anunciara los resultados económicos del primer trimestre, que arrojaron un patrimonio neto negativo por $ 92,25 millones y obligaron a la CNV a suspender la cotización de la empresa en la Bolsa porteña, la cartera que dirige Daniel Cameron dio algo de aire a las distribuidoras: la Resolución 250 las autorizó a compensar las deudas contraídas con el Estado por medio de acreencias que surgen de calcular el déficit provocado por el congelamiento tarifario.
En rigor, la medida habilita a Edenor a cancelar una deuda de $ 1.483 millones por la aplicación del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE) –en 2007, el Gobierno permitió a la compañía utilizar el dinero cobrado a los usuarios por excederse en su consumo para pagar gastos corrientes–, con lo cual oxigena la situación patrimonial de la distribuidora. Lo propio hizo con Edesur por $ 1.285 millones. Para eso, Energía calculó las acreencias que acumularon las distribuidoras por mantener invariantes las boletas de luz, dado que desde 2006 se dejó de realizar el Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC), establecido por la Ley para garantizar la rentabilidad de las empresas. Por ese concepto, Edenor reunió un crédito a favor por $ 2.237 millones. Y Edesur, por $ 2.144 millones.
Además, con los saldos excedentes, las empresas podrán cubrir deudas con Cammesa –la administradora del mercado eléctrico– por la compra de energía, dado que tanto Edenor –que pierde a razón de $ 2,5 millones diarios– como Edesur –con un rojo de $ 4 millones– dejaron de pagar la factura de Cammesa por la endeblez de su caja.
“De un primer análisis, resultaría que la aplicación (de la Resolución 250) podría importar que Edenor revierta la situación de patrimonio neto negativo registrada al 31 de marzo de 2013”, informó la empresa a la CNV.

Alternativa legal

Hasta conocerse la medida, Edenor estaba preparando una demanda judicial para reclamar una indemnización millonaria por el incumplimiento del acta acuerdo suscripta por la empresa con la Uniren (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios), en noviembre de 2006, asentado en el Decreto 1957/2006 del Poder Ejecutivo.
Ese documento debía sentar las bases de un nuevo ordenamiento de las tarifas residenciales de Edenor (al igual que Edesur y Edelap), congeladas tras la devaluación de la moneda en 2002. Sin embargo, el Gobierno evitó actualizar los precios de la electricidad en Capital Federal y el conurbano bonaerense, situación que deterioró de forma alarmante las finanzas de las distribuidoras, tanto que en 2012 la empresa controlada por Pampa Energía registró pérdidas por $ 1.016,4 millones, colocándola a las puertas de una quiebra virtual. De hecho, a fines de abril, los accionistas se vieron obligados a reducir su capital para “absorber en forma parcial” los resultados negativos.
Frente a ese escenario, los máximos directivos de Edenor –encabezados por el empresario Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía– comenzaron a evaluar las alternativas legales para proteger a sus accionistas. Además de operar en la Citi porteña, Edenor cotiza en Wall Street. A tal fin, el mes pasado acudió a la Justicia del Fuero Contencioso Administrativo para cuestionar la situación y ahora tiene tiempo hasta el 14 de junio –de acuerdo con los plazos ordenados– para presentar la demanda definitiva.
El escrito, cuya redacción está a cargo del estudio jurídico de Uriel O’Farrel, especialista en materia de regulación, apunta al incumplimiento del acta acuerdo firmada por el Gobierno en 2006, que prevé un Mecanismo de Monitoreo de Costos (MCC) cada seis meses para garantizar la rentabilidad de las distribuidoras de energía, y del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI), incluido en la Ley 24065, que tendría que haberse realizado a partir del 1 de agosto de 2006.
Aun así, aclaró que la decisión de reclamar en la Justicia una suma millonaria –más de $ 1.000 millones– todavía no está tomada. “Los accionistas temen por las represalias políticas que pueda llegar a tomar el Gobierno. Y también están evaluando los alcances de la resolución de Energía”, advirtió.
Al igual que Edesur, Edenor pierde a razón de $ 2 millones diarios al no poder cubrir sus costos operativos como resultado del congelamiento tarifario. ›|‹