Ordenan a minera chilena retirar 40 millones de toneladas de escombros que tiró en San Juan

El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, le ordenó a la minera chilena Pelambres, que retire más de 40 millones de toneladas de escombros, arrojados en territorio sanjuanino a lo largo de 5 años y medio y que empiece con los trabajos el 15 de diciembre próximo.

También le pidió a Interpol que busque a 4 exgerentes de una mina del lado argentino, porque supone que los chilenos contaron con su aval para construir la montaña de escombros y ruedas de camión.

La medida judicial que fue avalada por la provincia a través de una presentación del fiscal de estado Jorge Alvo, implica que la minera chilena deberá instalar cámaras de vigilancia en la escombrera para que se sigan en tiempo real las obras, y que monitoree la calidad de aguas de las lagunas cercanas a los residuos y del río Carnicería (afluente del San Juan), durante la construcción de las obras preventivas.

El magistrado también dispuso que la empresa chilena deberá realizar una tarea de recomposición de lagunas y que tendrá que armar un plan de reimplantación de vegas (pasturas), las que se vieron afectadas por la escombrera.

La resolución judicial fue dictada en el conflicto generado en 2014, cuando la minera internacional Glencore que tiene la concesión del emprendimiento de cobre El Pachón en tierras sanjuaninas, denunció que los chilenos habían arrojado escombros en territorio argentino sin autorización.

La escombrera ubicada en el Cerro Amarillo en la zona limítrofe de Calingasta de San Juan, contiene una montaña de más de 40 millones de toneladas de residuos minerales de la mina explotada del lado chileno, que fueron llevados más allá de la frontera, porque según la empresa, las autoridades chilenas les dieron mal las coordenadas del límite internacional.

De ese lugar, Glencore ya extrajo más de 500 neumáticos de gran tamaño durante el verano pasado, que amenazaban con contaminar las aguas del Río Carnicería, uno de los afluentes primarios del Río San Juan que llega hasta la capital cuyana.

La disposición de Rago Gallo, fue avalada hoy por el gobierno de San Juan a través del fiscal de estado, Jorge Alvo, a pesar de que San Juan pedía un plazo de 4 años y el juez otorgó 5 años y medio, más un año de gracia en el caso que las condiciones climáticas en la Cordillera de Los Andes dificulten los trabajos.

Fuente: El Inversor Energético y Minero