Dan de baja al proyecto minero San Jorge

El Gobierno hizo oficial el rechazo a la reformulación del proyecto minero San Jorge y, ahora oficialmente, dio por terminada una larga historia que atravesó a la política, al sector empresario y a la comunidad de Uspallata, donde se iba a instalar la mina.
“Rechácese la presentación de Actualización del Informe de Impacto Ambiental del proyecto Minero “Planta de concentración de Cobre Minera San Jorge S.A.”, dice la resolución 1027. La actualización a la que se refiere consistía en extraer el mineral sin procesar del yacimiento en Mendoza, transportarlo a San Juan para su procesamiento. La empresa pretendía usar el mismo estudio de impacto ambiental del proyecto original y adecuarlo. El Gobierno lo rechazó.
Si el consorcio ruso formado Soldway y Aterra, que tienen los derechos, insisten en desarrollarla, deben comenzar desde cero.
San Jorge era un proyecto minero para extraer cobre en Uspallata. Fue el único emprendimiento minero que completó el proceso institucional establecido por la ley 7722. Luego de que el Poder Ejecutivo aprobara la Declaración de Impacto Ambiental, con más de 100 sugerencias, la Legislatura lo rechazó por unanimidad y así el proyecto quedó descartado. Entonces, el propietario era la empresa canadiense Coro Mining, una firma junior en el mundo de la minería. Tras el fracaso, fue vendido a un grupo ruso.
En enero del 2011 el Gobierno de Celso Jaque fue el que aprobó el proyecto.
En agosto de ese año, y en medio de un duro contexto electoral, la legislatura lo rechazó. Un punto clave ocurrió en noviembre del 2015. Antes de dejar el poder, el gobernador Francisco Pérez dio curso a la actualización de la DIA, dándole una posibilidad de viabilidad a la resurrección de San Jorge sin “empezar desde cero”. Con el cambio de gobierno el proyecto fue reevaluado y volvieron las tensiones entre la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Economía. Es que ambas reparticiones emitieron dictámenes contradictorios.
Entonces, el tema terminó en Asesoría de Gobierno. Esa repartición, que cuida la legalidad de los actos del Ejecutivo, ratificó la vigencia de la ley 7722 y cuestionó duramente las decisiones del Gobierno anterior que habían dado luz verde a la reformulación de San Jorge y recomienda la anulación de la resolución emitida por el Gobierno de Pérez “por lo grosero de su vicio, careciendo de presunción de legitimidad”. Por eso la norma de ese gobierno “carece de efector jurídicos”.
En la resolución se aclara que “el Proyecto Minero de Minera San Jorge SA deberá tramitar un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental” según lo previsto en la ley 5961 y el Decreto 820.

Fuente: MDZ Online